El ataque de Rusia a Ucrania no solo ha reconfigurado el tablero geopolítico mundial, también ha encendido una alerta nuclear silenciosa en el interior de España. Y no se trata de armas, sino de combustible. La guerra ha puesto en jaque el suministro de uranio enriquecido, del que dependen las centrales nucleares españolas para seguir funcionando. La mayor parte del uranio que llega a las plantas nacionales procede de Rusia o de países en conflicto como Níger, lo que deja a España peligrosamente expuesta a las turbulencias internacionales.
Lo que durante décadas fue una decisión estratégica pactada en silencio por gobiernos de distinto signo —PP y PSOE compartieron sin grandes discrepancias la apuesta por importar uranio barato del extranjero, principalmente de Rusia— hoy se convierte en una pesadilla. En medio del estruendo diplomático y las sanciones energéticas, se impone una verdad incómoda: las centrales nucleares españolas siguen funcionando con combustible que proviene de una potencia sancionada por sus crímenes de guerra.
Según señala El País, las cifras son elocuentes. España importa la totalidad del uranio que necesita y hasta un 40 % del enriquecido procede de Rusia. Ese material llega a través de la empresa Tenex, subsidiaria de Rosatom, el gigante nuclear estatal ruso. Pero ya no hay garantías de que el suministro acordado llegue en los plazos firmados: Enusa, la empresa pública que gestiona la compra del combustible, reconoce que los envíos de 2026 y 2027 corren serio riesgo. La incertidumbre ya no es una hipótesis: está impresa en la memoria oficial de la empresa.
Lo más llamativo es que, mientras el debate nacional gira en torno al cierre o continuidad de las nucleares, apenas se aborda la cuestión crucial de su dependencia exterior. ¿Qué pasará si Rusia corta el grifo del uranio? ¿Hasta cuándo puede aguantar España con sus actuales reservas? Y, sobre todo, ¿por qué seguimos atados a un modelo de abastecimiento que se demuestra inviable y políticamente insostenible?
Una vulnerabilidad estratégica ignorada
Las centrales españolas están cubiertas hasta 2028, asegura Enusa. Pero esa tranquilidad aparente esconde un problema de fondo: la rigidez de un sistema que firmó contratos a largo plazo con un país ahora sancionado por Occidente. A ello se suma la imposibilidad de acudir a muchas otras fuentes: el mercado del uranio está tensionado por la creciente demanda internacional y por los vetos cruzados. La norteamericana Centrus Energy, que tenía contrato con España, ya no podrá garantizar el suministro desde Rusia por la entrada en vigor de la Prohibiting Russian Uranium Imports Act en EE. UU.
La situación es aún más delicada si se tiene en cuenta que otro de los países clave en el aprovisionamiento de uranio, Níger, se encuentra en una crisis institucional tras el golpe de Estado de 2023. El país africano ha paralizado sus explotaciones, retirado licencias a compañías extranjeras y añadido más presión al ya saturado mercado mundial. La apuesta por diversificar las fuentes de suministro, con nuevos contratos con China, es más una medida de contención que una solución estructural.
El precio de no mirar hacia dentro
Paradójicamente, mientras España se ve atrapada en esta dependencia energética, bajo sus pies duerme un yacimiento de más de 34.000 toneladas de uranio. Pero explotarlo está legalmente vetado. Desde la aprobación de la Ley de Cambio Climático en 2021, queda prohibida la extracción de minerales radiactivos. Aunque la calidad de esas reservas es discutible, lo cierto es que esa posibilidad —por lo menos como medida de emergencia— ha sido completamente descartada por las autoridades.
El caso de Berkeley, la empresa australiana que intentó abrir una mina en Salamanca, es paradigmático. No solo se le negó el permiso, sino que ha llevado al Estado español a un arbitraje internacional, con una demanda millonaria como resultado. El Consejo de Seguridad Nuclear bloqueó la planta de procesado por el riesgo que suponía almacenar residuos en la zona. Pero lo que parecía una victoria ambiental se convierte ahora en un capítulo más de la vulnerabilidad energética del país.
En un mundo que se recalienta política y ambientalmente, sostener la energía nuclear sin resolver el suministro de su combustible es un acto de irresponsabilidad. España ha ignorado durante demasiado tiempo que la energía nuclear no es solo una cuestión de kilovatios: es una ecuación geoestratégica que depende de alianzas, conflictos y decisiones que se toman muy lejos de nuestras fronteras.
Fuente MUNDIARIO
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