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Por Rafael Díaz Filpo
Ex Juez Primer Sustituto del Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
El proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido recientemente al Senado dominicano, es inconstitucional, representa una amenaza real para la libertad de expresión y refleja un preocupante retroceso en materia de derechos fundamentales en la República Dominicana.
Como juez emérito del Tribunal Constitucional, no puedo pasar por alto la gravedad de esta propuesta. La creación de un órgano administrativo, el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), con facultades para suspender transmisiones, sancionar medios y eliminar contenidos, constituye una violación directa del artículo 49 de la Constitución, que prohíbe toda forma de censura previa.
Asimismo, vulnera el artículo 40, numeral 15, de la Constitución, que garantiza el debido proceso y prohíbe las sanciones administrativas que afecten derechos fundamentales sin la intervención previa de un juez competente. También entra en conflicto con el artículo 69, sobre tutela judicial efectiva, que establece que ninguna persona puede ser juzgada ni sancionada por órganos ajenos al Poder Judicial.
El proyecto también desconoce compromisos internacionales suscritos por el Estado dominicano, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que consagra el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y prohíbe tanto la censura previa como las restricciones indirectas al ejercicio de este derecho.
Por consiguiente, la concentración de poder en un órgano adscrito al Ministerio de Cultura atenta contra la independencia que debe caracterizar a cualquier entidad encargada de regular el ejercicio de la libertad de expresión. Sin garantías de autonomía, el riesgo de una instrumentalización política del Inacom es inminente.
No basta con proclamar derechos en un texto legal. La verdadera garantía de la libertad de expresión radica en evitar cualquier mecanismo que permita sancionar de forma desproporcionada o arbitraria. Este proyecto plantea multas excesivas y suspensiones que podrían inhibir la crítica y el libre debate de ideas.
La exigencia de representación legal para plataformas digitales con más de un 10 % de usuarios dominicanos introduce, además, una barrera injustificada que limita el acceso a la información en un contexto globalizado. Esta medida, lejos de afectar solo a grandes plataformas, también socavaría a pequeños medios digitales y a ciudadanos que ejercen legítimamente su derecho a la comunicación.
La jurisprudencia constitucional dominicana ha sido clara y firme en la protección de la libertad de expresión. Sentencias como la TC/0092/19 y la TC/0075/16 han reafirmado que toda restricción debe ser estrictamente necesaria y proporcional, principios que este proyecto ignora abiertamente.
Resulta inaceptable que, en esta época de innovación, se pretenda imponer un modelo de control mediático disfrazado de modernización legislativa. La libertad de expresión no se negocia, no se regula mediante censura administrativa ni se limita con sanciones abusivas.
La República Dominicana necesita leyes que fortalezcan los derechos fundamentales, no proyectos que, bajo la apariencia de regulación, oculten la intención de controlar el libre pensamiento y el debate público.
Como jurista y ciudadano comprometido con los valores democráticos, expreso mi rechazo frontal a este proyecto de ley. La libertad de expresión constituye la base de toda democracia y debe ser defendida sin concesiones ni ambigüedades.
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