Pide que pueda “proseguir libremente la lucha contra la impunidad mundial”
El Tribunal Penal Internacional condena las sanciones de Trump
La decisión de Donal Trump de imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) ha desatado una oleada de indignación. El propio tribunal ha emitido un duro comunicado en el que “respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” a la que vez que hace un llamamiento a los 125 países que forman parte de la Corte a “permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales”
La Corte Penal Internacional , con sede en la Haya, es un órgano que no pertenece oficialmente a la Organización de Naciones Unidas, pero sí está avalado por la organización. Las decisiones de este tribunal obligan a los 125 países que han firmado y ratificado el denominado Estatuto de Roma. EEUU, aunque firmó este documento, nunca ha llegado a ratificarlo. Por ello, está exento de respetar sus veredictos. A pesar de esto, ha incorporado parcialmente los delitos del Estatuto de Roma en sus leyes nacionales y ha asistido como Estado observador. Otras potencias como China, Rusia o Israel tampoco se han adherido al acuerdo.
Todo indica que la decisión de Trump ha estado propiciada por la orden de arresto emitida por este tribunal el pasado mes de noviembre contra el primer ministro de Israel. Esta orden de detención no sólo está dirigida a Benjamin Netanyahu sino también a su ex ministro de Defensa Yoav Gallant y al jefe militar del movimiento islamista palestino, Mohamed Deif, al ser acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Las instituciones europeas, que se han mostrado muy cautas a la hora de reaccionar al plan de Trump sobre Gaza, se han pronunciado de manera mucho más contundente es este caso. “La CPI garantiza la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y da voz a las víctimas de todo el mundo. Debe poder llevar adelante libremente la lucha contra la impunidad global. Europa siempre defenderá la justicia y el respeto del derecho internacional” ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de la plataforma X.
Por su parte, el presidente del Consejo, Antonio Costa, también ha señalado que “la CPI desempeña un papel esencial en la impartición de justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo. La independencia y la imparcialidad son características fundamentales de la labor de la corte. La UE sigue comprometida con el objetivo de poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones de Derecho internacional”. Los dos cargos comunitarios se habían reunido horas antes con la presidenta del tribunal, Tomoko Akane.
Aunque las decisiones de la corte son vinculantes para los signatarios del Estatuto, en la práctica no existen medios coercitivos para asegurar el cumplimiento. Por ejemplo, Vladimir Putin, se desplazó hace meses sin ningún problema a Mongolia, a pesar de que pesa sobe él esta misma orden de detención y el país firmo el Estatuto en el año 2000 y lo ratificó dos años después.
La orden de detención del primer ministro israelí también levantó polvareda en la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, anunció pocos días después sus deseos de invitar a Budapest a Netanyahu. Todo un desafío a la corte internacional.
Recientemente, el compromiso de Italia con al Corte Penal Internacional también se ha puesto en entredicho. El tribunal acuso el pasado seis de febrero a la primera ministra, Giorgia Meloni, y el ministro de Interior de haber “abusado de sus poderes ejecutivos para desobedecer sus obligaciones internacionales y nacionales” después de haber liberado al libio Hajeem Osaba Almasri, buscado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Esto ha llevado a la CPI a abrir una investigación por “obstrucción a la administración de justicia según el artículo 70 del Estatuto de Roma” debido a la liberación y repatriación del presunto torturador libio, jefe de la Policía Judicial de Trípoli.
fuente: La Razón
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