EL AUTOR es periodista y escritor. Reside en Santo Domingo.
Un propósito del presidente Luis Abinader desde antes de asumir el Gobierno en 2020 fue controlar la enfermiza pasión de políticos dominicanos de mantenerse en el poder, aún fuere violando normas de la ética y de la decencia. Le ha llegado el momento de realizar esa sentida y muy magnánima aspiración.
En nuestro país se ha enraizado la insana costumbre de que los gobernantes se aferren al poder “como la hiedra a la pared”. La Constitución ha estado a merced de sus veleidades, mientras ellos mismos han llegado a propagar, o al menos han fingido creer, que son indispensables en la Administración del Estado.
Las alteraciones a la Constitución para adecuarla a la utilidad de un individuo han predominado sobre cuestiones de mayor importancia, a lo largo de las cuarenta mutaciones que se han aplicado a nuestra Ley Sustantiva. No quiere esto decir que todas las enmiendas constitucionales hayan sido impertinentes.
Hasta durante la tenebrosa dictadura de Trujillo, en sus siete reformas constitucionales, se introdujeron cambios de alto interés. Tal el caso de la promulgada en 1947, que introdujo cambios sustanciales en el régimen monetario, creó el Banco Central y la Junta Monetaria.
Por la reforma constitucional de 1942, las mujeres consiguieron los derechos de ciudadanía. El artículo 9 especificaba que: “Son ciudadanos todos los dominicanos de uno u otro sexo, mayores de 18 años y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad”. Incluyó, además, disposiciones favorables para los trabajadores, como salario mínimo, vacaciones y limitación de la jornada de trabajo.
Bastó que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, anunciara el propósito de preparar un proyecto de reforma constitucional, enfocado en impedir la reelección presidencial y establecer la independencia del Ministerio Público, para que grupos opositores refunfuñaran con amenaza de lanzarse a las calles a protestar.
Las reformas pertinentes y oportunas deben ser aspiración de todos. Por ejemplo, las que hizo el Consejo de Estado para derogar el artículo que impedía a Juan Bosch ser candidato presidencial en 1962. De 1961 a 1970, la Constitución fue intervenida seis veces. La única impertinente fue la que anuló el texto proclamado en abril de 1963.
Ahora se quiere grabar en el ánimo nacional la idea de que no es posible que un gobernante proponga modificar la Carta Magna sin albergar un interés particular y sin buscar acomodos para permanecer en el Gobierno o regresar en otro momento. Quienes así piensan tendrán que aprender que Luis Abinader es diferente. Lo suyo es en serio.
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