La abogada insta a la Suprema Corte de Justicia a que “asuma su responsabilidad” para evitar la inseguridad jurídica”
Santo Domingo.- La abogada Laura Acosta, quien representa a la Sociedad Comercial Okra Company LTD, una de las víctimas del fraude contra los accionistas de Costa Dorada, ha apelado hoy directamente a la responsabilidad de todos los jueces que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que fallen la recusación hecha por imputados contra 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el caso de fraude societario de la compañía.
“No pido que nos fallen a favor, solo que decidan y asuman su responsabilidad, sino serán cómplices de la chicana”, ha expresado.
Acosta ha asegurado que la SCJ, con la dilación en pronunciarse sobre este caso, favorece a que aumente la inseguridad jurídica en el país mientras perjudica los intereses de unas familias que batallan por años en los tribunales para recuperar sus legítimos derechos societarios en la compañía Costa Dorada.
“La SCJ debe entender que con su falta de acción está dando mal ejemplo a los jueces de primer grado y corrobora la idea de que:’ Justicia tardía, Justicia denegada’”, ha enfatizado.
En este sentido, la abogada entiende que la mora en el sistema judicial para resolver el fraude accionarial perpetrado en la sociedad Costa Dorada sobrepasa el interés privado para adquirir interés público.
Una dilación en el tiempo que ha acabado afectando no solo los intereses de las familias Mayol y Serrano sino poniendo de manifiesto la inseguridad jurídica en República Dominicana.
Esta situación, además, pone al descubierto la indefensión al que se puede enfrentar cualquier ciudadano común si es víctima de estafas de estas características.
Acosta ha explicado el viacrucis judicial al que se están enfrentados los verdaderos dueños de Costa Dorada, donde incluso han sido excluidos del juicio de fondo para recuperar sus derechos, una decisión de la juez “absurda”.
“Si el juicio de fondo se conoce sin las víctimas y se llega a fallar, se estará despojando a las familias de sus derechos a ser resarcidos mientras los verdaderos culpables quedarán sin sanción”, ha señalado.
La abogada ha recordado también que los imputados en este fraude, la sociedad Global Multibusiness Corporation y Rafael Olegario Helena Regalado, son los mismos que estuvieron entre los reclamantes del caso de Bahía de las Águilas.
Las familias Mayol y Serrano han sido víctimas de un fraude que consiste en la apropiación fraudulenta de las acciones de su empresa Costa Dorada con la única finalidad de apropiarse de su único activo: más de 6 millones de metros cuadrados en las costas de Baní.
Este fraude incluyó la falsificación de cientos de documentos, cómo contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros y declaraciones juradas, a través de falsedades de firmas y uso de identidades de personas fallecidas, entre otras maniobras. Estos documentos alteraron la historia societaria de la compañía Costa Dorada y su composición accionarial.
La artimaña de esta estructura fraudulenta ha tenido un impacto devastador en las familias Mayol y Serrano, quienes han trabajado de manera honesta y dedicada durante décadas. Los Mayol están involucrados en actividades industriales a través de sus empresas Hilari Mayol, Mayol & Co., Plásticos del Caribe, mientras que los Serrano se dedican a actividades comerciales con empresas como Peravia Industrial, conocida como La Famosa, y productos Jajá.
En 1977, ambas familias se asociaron en una inversión común, la compañía Costa Dorada.
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