Los fármacos ilícitos afectan la salud humana, la permanencia de las empresas formales y la recaudación del Estado
Los medicamentos falsos representan el 10% del mercado farmacéutico privado dominicano (aproximadamente unos RD$3,000 millones)
Marcos López, un paciente de hipertensión, tomaba regularmente una píldora para controlar su presión. Sin embargo, en lugar de mejorarlo, lo estaba envenenando, debido a la adulteración de medicamentos. Lamentablemente, él no es el único afectado por esta práctica ilegal y peligrosa que se extiende por todo el mundo, incluyendo República Dominicana. La falsificación, adulteración y reetiquetado de fármacos ponen en riesgo la salud de los consumidores, la integridad de la industria farmacéutica y las finanzas del Estado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe los medicamentos falsos como la comercialización engañosa e ilegal de productos farmacéuticos, alterando su identidad y origen. Tanto los medicamentos de marca como los genéricos pueden ser objeto de falsificación, incluyendo ingredientes incorrectos o insuficientes, ausencia de principios activos o errores en el envasado. Explica que esta práctica bordea el 15% del mercado farmacéutico global.
Mientras que el Instituto Internacional de Investigación contra la Falsificación de Medicamentos (IRACM) estima que cada año se producen casi US$200 000 millones en estas operaciones ilegítimas. Hoy se cree que uno de cada diez medicamentos que se consumen en el mundo es falso, refirió la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).
Esto implica que muchos pacientes están consumiendo medicamentos ineficaces o incluso peligrosos, lo cual puede tener consecuencias graves e incluso mortales. El doctor Amaury García, cirujano cardiovascular, destaca la gravedad del problema en una sociedad (como República Dominicana) en donde se busca solucionar cualquier malestar con una pastilla.
“Los medicamentos falsificados representan un riesgo considerable para la salud”, recalcó García al calificar este flagelo como un acto criminal.
En República Dominicana, se estima que el 35% de los 10.7 millones de habitantes padecen hipertensión, mientras que aproximadamente el 25% sufre de diabetes o prediabetes. Además, la enfermedad renal crónica afecta a 4.18 pacientes por cada 10 000 habitantes y se estima que 200 000 dominicanos sufren de enfermedades cardiovasculares. Esto significa que miles de personas dependen de medicamentos de forma continua.
Aunque no se disponen de cifras específicas sobre las muertes por medicamentos falsos, según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2022 más del 70% de las 66 918 muertes registradas fueron causadas por hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares (ACV), sobrepeso y obesidad.
“El cuidado de la salud y el tratamiento de las distintas enfermedades con las que deben lidiar las sociedades dependen, en gran medida, de los medicamentos que desarrolla la industria farmacéutica, y ARAPF busca elevar la conciencia sobre las amenazas y prevención del uso de estos fármacos”, enfatiza Juan Madera, vicepresidente ejecutivo de la organización.
Agrega que por más de cuatro décadas este gremio ha convocado al sector farmacéutico en la lucha contra el comercio ilícito de medicamentos, aunando los esfuerzos con las autoridades dominicanas.
Tanto García como Madera advierten a la población sobre los riesgos que representa la falta de principio activo en los medicamentos adulterados.
Avances
Durante las últimas dos décadas, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa) registra datos alarmantes sobre la incautación de fármacos y dispositivos médicos de origen dudoso, con un valor aproximado de RD$1700 millones en el país.
En este sentido, el director general de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Leandro Villanueva, compartió algunos avances en la lucha contra este problema, destacando los decomisos realizados y las acciones tomadas para enfrentar la operación fraudulenta en el mercado.
“Solo en lo que va del 2023, la Digemaps ha confiscado alrededor de 93 380 unidades de productos ilícitos, se han ejecutado 11 allanamientos y se han inspeccionado 1231 establecimientos de venta de fármacos”, resaltó Villanueva. Estas cifras no incluyen los decomisados por puertos, aeropuertos y la frontera dominico-haitiana.
Lo anterior es una muestra de que aún existe una amplia red de contrabando que no solo se produce a través del trasiego de mercancía de forma irregular mediante aduanas o la frontera con Haití, sino que se origina al interior del país, siendo populares en esta práctica negocios ubicados principalmente en Moca (provincia Espaillat) y Villa Consuelo (Santo Domingo).
“Nosotros tenemos una labor individual, pero también trabajamos en la mesa de ilícitos que está enfocada en combatir el comercio ilícito de medicamentos, hidrocarburos, tabaco y bebidas alcohólicas”, precisó el también viceministro de Salud Pública.
En tanto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, explicó que la entidad, en coordinación interinstitucional, trabaja en el protocolo de ejecución del reglamento de aplicación de la Ley 17-19 sobre erradicación del contrabando y falsificación de productos regulados, lo cual calificó como un logro que impulsará la lucha contra esos ilícitos.
El instrumento legal tipifica los delitos de comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados y estableciendo sus sanciones administrativas y penales.
Alcántara dijo que en los últimos 24 meses han incautado más de 100 000 cajas de medicamentos. “Hemos logrado disminuir las quejas o denuncias de medicamentos falsificados en farmacias en más de un 98%”, apuntó. Aseguró que mantiene la vigilancia focalizada en estos comercios.
De su lado, el director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovantón, subrayó que se han intensificado los esfuerzos para hacer frente a esta práctica ilegal.
Entre 2020 y junio de 2023, la DGA incautó más de 75 millones de artículos ilícitos, entre ellos medicamentos, en puertos locales con el uso de nuevos equipos de alta tecnología.
“La inversión en mecanismos tecnológicos nos permiten difuminar mejor la carga que entra y sale del país”, resaltó Sanz Lovatón. Actualmente diversas instituciones del sector público y privado, a través del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, ejecutan diversas acciones contra este flagelo.
Comercialización
De la producción y comercialización adecuada de los fármacos dependen millones de personas. De ahí que el negocio formal e ilegal no solo crece, sino que se vuelve rentable para muchos. Estos últimos en perjuicio de la salud de los consumidores.
A nivel de América Latina, el mercado farmacéutico formal registró un crecimiento de un 12.6%, al pasar de US$43 229 millones en 2020 a US$48 716 millones en 2021, para una diferencia absoluta de US$5487 millones (a precios de salida de laboratorios), según las últimas estadísticas de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar).
En República Dominicana, los datos de la entidad indican que el 2021 no fue el mejor para la industria farmacéutica local, debido a que bajó un 17.5%, respecto al 2020, cuando registró US$736 millones en productos que salieron de los laboratorios nacionales. Aunque cuando se observa la variación anual acumulativa desde 2008 hasta 2021 subraya que el sector creció un 0.2% en ese período. En tanto, cuando se comparan con las cifras del Banco Central (BC) es evidente la diferencia.
Según el órgano monetario en 2021 la exportación de productos farmacéuticos se ubicó en US$51 millones, mientras que en 2022 ascendió a US$67.1 millones, para un aumento de un 31.5%. De su lado, las importaciones disminuyen un 29.9%, al pasar de US$1139.1 millones en 2021 a US$832.5 millones.
A la fecha, el país cuenta con 146 laboratorios de producción nacional, 1,314 distribuidoras que se dedican a la importación o comercialización de productos terminados y 3326 farmacias autorizadas. Mientras, cerca de 900 establecimientos operan de manera informal o irregular, es decir, que no pagan impuestos ni protege a sus trabajadores con leyes laborales ni seguridad social.
Según un estudio sobre las competencias del sector, por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), la comercialización informal de fármacos alcanza el 30% del mercado.
Medicamentos con mayor índice de ilícito en RD
- Estimulantes sexuales: En los últimos tres años, la dependencia del Ministerio de Defensa decomisó más de un millón.
- Analgésicos: Medicinas que reducen o alivian los dolores de cabeza, musculares, artríticos o muchos otros achaques.
- Pastilla anticonceptiva: Pastillas del el día después de tener relaciones sexuales sin protección son las de mayor venta ilícita.
- Antipiréticos: Los medicamentos que se emplean para reducir la fiebre. Uno de los más utilizados en la población infantil.
- Antibióticos: Se toman para combatir las infecciones bacterianas. Se toman por vía oral, tópica o inyección.
Impacto en empleos formales
El comercio ilícito no solo atenta contra la legalidad y la ética empresarial, sino que también pone en peligro los más de 10 654 empleos formales directos a junio de 2023 generados por la industria farmacéutica formal dominicana. Así lo afirmó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, quien destacó la importancia de seguir fortaleciendo la lucha contra este flagelo que afecta el bienestar de miles de hogares dominicanos.
“Hay que continuar avanzando para que todas las empresas compitan en igualdad y el Estado pueda fortalecer sus ingresos”, reiteró Marranzini. Recalcó que la Ley contra el Comercio Ilícito que se enfoca en las farmacéuticas, alcoholes, tabacos e hidrocarburos ha dado frutos, pero debe ir avanzando hacia otros sectores que experimentan competencia desleal.
Según el Foro Económico Mundial, el contrabando genera pérdidas millonarias a nivel mundial, y en República Dominicana se estima que el país deja de percibir alrededor de US$50 000 000 al año por prácticas como contrabando, falsificación, adulteración de productos y evasión fiscal de medicamentos y otros rubros.
Fuente El Dinero
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