La máxima autoridad ejecutiva cruceña es investigada bajo sospecha de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado
El Ministerio Público de Bolivia presentó una imputación penal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la presunta compra de un carro de bomberos en medio de otras irregularidades.
La máxima autoridad ejecutiva cruceña también es investigada bajo sospecha de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
La Fiscalía pidió mantener a Camacho detenido de manera preventiva por seis meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, donde está desde hace 100 días por ser uno de los principales acusados en el proceso Golpe de Estado I, tras forzar en noviembre de 2019 la renuncia del entonces presidente constitucional Evo Morales.
Respecto al proceso denominado Carro de Bomberos, la Fiscalía inició las indagaciones tras un incendio ocurrido en el Mercado Mutualista cruceño la noche del 31 de julio de 2022, en el cual arruinó a más de un millar de sindicalistas.
La madrugada del 1 de agosto, el gobernador llegó al escenario del siniestro y los comerciantes lo increparon por la falta de condiciones para combatir incendios de esa magnitud.
En esas circunstancias, Camacho respondió que la gobernación solo cuenta con carros cisternas y no carros de bomberos.
Ante esa confesión, asambleístas departamentales denunciaron la aprobación en 2021 de un presupuesto de 1,7 millones de pesos bolivianos (unos 243 mil dólares) para comprar un vehículo de lucha contra fuegos.
Rolando Cuéllar, diputado por el Movimiento al Socialismo, presentó el caso ante el Ministerio Público y reveló la rúbrica, por parte de la gobernación cruceña, de un contrato en enero de 2022 para la adquisición en México de ese medio de transporte. La entrega estaba prevista para el 27 de junio, pero no fue concretada.
De acuerdo con el denunciante, ocurrió una contratación irregular, porque la compra del medio motorizado fue hecha por invitación directa y no mediante licitación pública.
Camacho también encara otra investigación judicial por la aprobación de un decreto departamental para dejar como gobernador a un secretario de su confianza, durante un viaje suyo a Brasil, sin tener en cuenta la autoridad conferida por el Estatuto Autonómico al vicegobernador.
Fuente: Al Mayadeen
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