La designación está contenida en el Decreto 684-26, emitido por el Poder Ejecutivo tras la promulgación de la Ley 86-26 que crea la Dirección General de Juegos de Azar.
Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, juramentó este lunes a Teófilo José Abrahán Leo “Quico” Tabar Manzur como nuevo titular de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), designado mediante el Decreto 684-26 emitido por el presidente de la República, Luis Abinader.
Tabar asumirá el cargo de manera transitoria, al tiempo de desempeñarse como administrador de la Lotería Nacional y coordinador del Proceso de Regularización de Bancas de Juegos de Azar, funciones desde las que ha participado en iniciativas dirigidas a fortalecer el ordenamiento y la regulación del sector.
Durante el acto de juramentación, el ministro Magín Díaz destacó los retos del sector, al igual que la experiencia y la trayectoria profesional de Tabar.
Asimismo, Díaz resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la gestión institucional y los mecanismos de regulación y supervisión de los juegos de azar, en línea con las políticas del Gobierno orientadas a promover mayor transparencia, cumplimiento normativo y eficiencia en la Administración pública.
Por su parte, Tabar agradeció la confianza depositada en él y manifestó su disposición de asumir esta responsabilidad con el compromiso de dar continuidad a los procesos de regularización y fortalecimiento institucional que desarrolla la DGJA.
La designación se produce tras la promulgación de la Ley 86-26, que establece un marco integral para regular, autorizar, fiscalizar y supervisar las actividades de apuestas y juegos de azar, tanto presenciales como en línea.
Como parte de esta reorganización, dicha ley crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como organismo autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Economía, y deroga la antigua Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
La normativa busca ordenar el sector, establecer reglas claras para los operadores, proteger a los usuarios, especialmente a los menores de edad, prevenir el fraude, el lavado de activos y las conductas adictivas, además de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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