SANTO DOMINGO.- Luego de agotada la etapa de réplica y contrarréplica, el Ministerio Público espera que el próximo lunes se conozca la decisión de la jueza a la que pide el envío a prisión de dos de los procesados de la estructura que se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a pacientes con cáncer, así como al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público mantuvo este jueves que deben ser enviados a prisión Héctor Antonio Lora Cruceta, su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y a arresto domiciliario la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Onco14.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, encabezó el equipo litigante, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También, lo integraron Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
Los fiscales participaron en la audiencia celebrada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien ha encabezado tres audiencias en el proceso de conocimiento de la medida de coerción.
En la instancia presentada ante el tribunal, el órgano investigador solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.
El Ministerio Público solicita que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad y la gravedad de los hechos imputados, así como por la posible pena a imponer en un juicio.
La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
El pasado viernes la jueza Santiago Reyes aplazó la medida para el martes a solicitud de los abogados de las defensas.
Ese día, pasadas las 9:00 de la noche, la magistrada Reyes suspendió la audiencia hasta este jueves 25 de junio, a las 4:00 de la tarde, para iniciar la etapa de réplica y contrarréplica.
Este jueves, la jueza aplazó la audiencia hasta el próximo lunes, 29 de junio, a las 7:30 de la noche, cuando el Ministerio Público espera que dicte su resolución.
Durante la Operación Onco 14 fueron arrestados los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Los arrestos fueron ejecutados con orden judicial por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación del Ministerio Público, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
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