Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., además del pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados
SANTO DOMINGO, RD.- A solicitud del Ministerio Público, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como del capitán Nelson Valdez y compartes, por su vinculación al robo y venta de pertrechos y municiones de la Policía Nacional.
El Ministerio Público estuvo representado en el caso por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel, quienes solicitaron en la audiencia preliminar el envío a juicio de los acusados.
La jueza Patricia Padilla rechazó la solicitud del procedimiento penal abreviado a Miguelina Bello Segura y ordenó la continuación del proceso seguido en su contra.
Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el encartado. Además, deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes que les fueron incautados.
El tribunal condenó a Rodríguez Toribio luego de acoger parcialmente un acuerdo entre el órgano acusador y el procesado.
Junto al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal le varió la prisión preventiva por una garantía económica ascendente a la suma de 500 mil pesos, por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial, y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Mientras que se mantienen las medidas de coerción impuestas a Santos Rodríguez, consistentes en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes con relación al acusado Rodríguez Toribio y la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
La decisión de apertura a juicio fue notificada a través de la Secretaría del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La persecución a la estructura criminal
El grupo criminal, que fue arrestado tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en el mes de noviembre del año 2024, es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
La Pepca acusa en el expediente de la Operación Pandora a personas físicas por la sustracción y venta ilícita de los proyectiles, armas y explosivos de la institución.
Según establece el expediente, los acusados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas con el objetivo de distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El grupo es acusado por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas e incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, así como por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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