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La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís aplazó la audiencia para el próximo 11 de julio
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público confía en que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificará los 18 meses de prisión preventiva impuestos a dos mujeres que formaban parte de una red vinculada a una estafa inmobiliaria y al lavado de activos.
La audiencia donde se conocerá el recurso de apelación interpuesto por las imputadas Rocío Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco fue aplazada hasta el próximo 11 de julio a solicitud de la parte querellante, con el objetivo de que el tribunal notifique el recurso a las más de 170 víctimas que se han querellado ante el Ministerio Público.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana que llevan el caso dijeron esperar que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, presidida por el juez Glass Gutiérrez, declare el recurso inadmissible y ratifique a las imputadas la medida privativa de libertad.
La prisión preventiva por18 meses fue impuesta el pasado 25 de febrero por la jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, para garantizar la presencia de las imputadas en todos los actos del proceso judicial.
El Ministerio Público realizó una serie de allanamientos el 7 de febrero pasado, durante los cuales fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como el imputado Yves Alexandre Giroux, a quien también les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) pudo localizar en Colombia a una de las cabecillas de la estafa inmobiliaria, identificada como Loany Ortiz Nova, quien será extraditada a República Dominicana.
Sobre el caso, el expediente indica que la estructura delictiva creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, con fines de la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de RE/MAX, una multinacional conocida. Sin embargo, todo era una farsa con el objetivo de enrolar clientes que se convirtieron en víctimas de la red.
Los imputados promovieron cuatro proyectos inmobiliarios: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View y River Hill, los cuales serían entregados en agosto de 2023, recibiendo por concepto de compra de apartamentos, más de 18,000,000 de dólares. Posteriormente, procedieron a cerrar las oficinas y negaron la devolución del dinero tras ocultarlo a través de un esquema de lavado de activos.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, fiscal titular de La Romana, se mostraron confiadas “en que se confirmará la decisión del Juzgado de Atención Permanente que impuso la prisión preventiva y que declaró la complejidad de la investigación”.
El equipo investigador y litigante del Ministerio Público está conformado por los fiscales Bie
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