“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz respecto al recurso presentado ante la corte
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público afirmó este martes que procura la revocación de sentencias absolutorias, así como el aumento de las penas a los condenados en primera instancia en el proceso penal por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás procesados por distraer del erario más de 5,000 millones de pesos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los equipos de fiscales del Ministerio Público buscan, en nombre de la sociedad, que los procesados reciban sanciones acordes a los hechos cometidos.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados, porque entendemos que las penas que impuso el tribunal no son suficientes en relación a la magnitud del daño social que generaron los hechos imputados a cada uno de ellos”.
Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a Wilson Camacho, director general de Persecución, así como de los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, explicó que aunque los fiscales están preparados para conocer el recurso, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió suspender la audiencia tras recibir una licencia médica de uno de los imputados.
“Para una próxima audiencia, ya el tribunal conminó a las partes a estar listas y esperamos ya estar presentando y respondiendo los recursos que han presentado sobre la decisión”, detalló.
“Entendemos, que será un proceso rápido, los hechos están delimitados, las pruebas fueron desahogadas en un primer juicio, o sea, que esperamos que esto se resuelva rápidamente aquí en la corte”, precisó.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes conocen los recursos de las partes, dispusieron la celebración de las audiencias los martes de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
El tribunal iniciará con la presentación de los recursos de los acusados.
La audiencia fue aplazada para el martes, 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Decisión de primera instancia apelada
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, en el mes de agosto del pasado año, impuso una condena de 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y descargó a algunos de los procesados.
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas también fueron condenados al pago de 500 millones de pesos al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que a la empresa Fuel América le faltaron requisitos básicos para participar en el proceso de compras para suplir el combustible a la Policía Nacional.
Además, constató y verificó la afectación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó con relación a la Policía Nacional: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También, se confirmó que se dieron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas aportadas por el órgano acusador, estableciendo que en la recolección de las mismas se cumplió con el debido proceso de ley.
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