SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para un hombre que agredió físicamente a su expareja en el municipio Boca Chica, de la provincia Santo Domingo
Jhonathan Salas fue sometido a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este luego de que el pasado martes se ejecutara en su contra una orden judicial de arresto mientras se encontraba en el sector Palavé, de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Los hechos ocurrieron en fecha 24 de diciembre del año 2025, alrededor de la 1:00 de la madrugada, luego de que el imputado se presentara a la vivienda de la víctima y la amenazara con romper la puerta a pedradas si no lo dejaba ingresar.
El imputado, según se estableció en la solicitud de medida de coerción, agredió físicamente a la mujer, propinándole una patada en la región abdominal. Los hechos fueron cometidos en presencia de dos menores de edad hijas de ambos.
Posteriormente, Salas golpeó a su expareja en el rostro y la boca, mientras le vociferaba amenazas de muerte. Luego agredió a la víctima en los glúteos con un arma blanca y la dejó desangrándose. Otros hechos de violencia también fueron cometidos contra una de las hijas que tiene con la víctima.
La Fiscalía de Santo Domingo Este investiga el caso de violencia denunciado ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esa demarcación.
La solicitud de medida de coerción, además, indica que el 27 de julio de 2025, el imputado se presentó a la vivienda familiar de la víctima en estado de embriaguez y cometió otros hechos de violencia.
En esa ocasión la víctima logró descender a la vivienda de su madre, para resguardarse, pero el ahora imputado la persiguió.
Cuando su suegra le cuestionó por su comportamiento, Salas se tornó aún más agresivo, empuñó un arma blanca tipo machete que portaba y propinó múltiples impactos contra la puerta y los cristales de la residencia, mientras vociferaba de manera amenazante que iba a matar a uno de los presentes en el lugar.
El Ministerio Público sustentó la solicitud de medidas de coerción con diferentes pruebas testimoniales, periciales, materiales y documentales, incluyendo un informe psicológico de riesgo sobre una evaluación practicada a la víctima por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El caso recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 309-2 y 309-3, literal a), d) y e), del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y a los artículos 12, 14, 16 y 396 literal a) y b) de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
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