La familia ha demandado al Servicio Andaluz de Salud. En la demanda sostienen que el retraso en la atención supuso una «pérdida real de oportunidad terapéutica» y un agravamiento progresivo de la enfermedad.
Demanadan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto caso de responsabilidad patrimonial tras la muerte de un paciente de 76 años. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha admitido a trámite la reclamación. Apunta a un retraso en el diagnóstico como aspecto determinante en el transcurso de la enfermedad.
El bufete Sires Abogados, que representa al hijo del fallecido, ha emitido un comunicado, en el que explica que no se le realizaron pruebas diagnósticas esenciales durante más de seis años. En concreto, colonoscopias de seguimiento protocolizadas, todo ello a pesar de los antecedentes médicos del paciente y a la persistencia de síntomas abdominales.
Acudió al menos 42 veces a centros dependientes del SAS
En la demanda, aparece que desde el año 2010 el hombre presentaba antecedentes digestivos, como pólipos colónicos que requerían controles periódicos conforme a protocolo clínico. Sin embargo, la revisión prevista para 2018 no se practicó. Un dato muy relevante es que entre ese año y 2024 acudió al menos 42 veces a centros dependientes del SAS por dolor abdominal persistente y otras molestias digestivas sin que se le practicaran pruebas complementarias para descartar una patología oncológica.
Fue en mayo de 2024 cuando acudió de nuevo a Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Macarena que se le practicó una colonoscopia urgente, prueba que confirmó un adenocarcinoma de colon en estadio IV, con metástasis hepáticas, pulmonares y peritoneales. El diagnóstico reveló un cáncer colorrectal avanzado en fase metastásica, por lo que se descartó cualquier tratamiento curativo.
Tras ello, derivaron al paciente a Oncología con indicación de quimioterapia paliativa, tras lo que ingresó en cuidados paliativos. En agosto de 2024, murió.
La demanda
La demanda sostiene que el retraso supuso una «pérdida real de oportunidad terapéutica» y un agravamiento progresivo de la enfermedad. Se fundamenta en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en la Ley 40/2015, que regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas cuando el funcionamiento normal o anormal de los servicios causa un daño efectivo.
Ahora, el procedimiento se encuentra en fase procesal, pendiente de pruebas periciales, documentales y testificales.
Fuente: 3N
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