Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por: Marisela Gutiérrez
No escribo para agradar, escribo para que despierten.
Ningún incendio se apaga provocando otro. Los problemas no se resuelven creando conflictos de mayor magnitud ni imponiendo medidas que terminen perjudicando a toda la sociedad.
Eso parece estar ocurriendo en el país. Mientras la atención pública se concentra en la esperada entrada en vigencia del Código Penal, también entró en escena el aumento de impuestos. Una situación termina desplazando a la otra, cuando ambas impactan de manera directa a la población.
Es cierto que hay sectores que necesitan ser regulados. Durante décadas algunos fueron cómplices del silencio, ocultando actuaciones inadecuadas de gobiernos y funcionarios que encontraron en esa complicidad un mecanismo para controlar la información que llegaba al pueblo.
No me opongo a la regulación. Toda sociedad necesita reglas claras y responsabilidades. Lo que no puede aceptarse es que la ley se aplique de manera selectiva, castigando a unos mientras otros continúan actuando con total impunidad.
Quienes durante años sirvieron como aliados del poder, hoy se sienten traicionados por aquellos mismos que se beneficiaron de su silencio. Es una realidad que no puede ignorarse.
Si realmente queremos fortalecer el Estado de derecho, la ley debe ser igual para todos: funcionarios, gremios, instituciones, medios de comunicación y cualquier persona que, con sus acciones u omisiones, perjudique al pueblo.
La justicia pierde legitimidad cuando tiene excepciones. Porque un país no cambia con leyes que solo alcanzan a algunos; cambia cuando nadie está por encima de ellas.
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