La víctima es un miembro de la comunidad de Alal, en el corazón de la reserva Bosawas, que fue atacado por invasores de tierra, aseguran los líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
Alal ya había sido atacada en 2020 resultando cuatro hombres muertos, dos heridos y 16 casas quemadas.
Medios de comunicación nicaragüense y defensores ambientales han dado a conocer una carta que revela vínculos políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las invasiones de tierra.
Bernabé Palacios Hernández, indígena mayangna, fue asesinado en su parcela agrícola. Había salido por la mañana desde su casa en la comunidad de Alal, en el territorio mayangna Sauni As, ubicado en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Bosawas, para trabajar su pedazo de tierra. Su esposa y su hijo lo acompañaban, pero en el camino fueron emboscados por un grupo de hombres fuertemente armados.
«Los recibieron con armas de alto calibre, armas de guerra, en su propia parcela”, cuenta un líder indígena que conversó con Mongabay Latam y que pidió el resguardo de su identidad.
La mujer y el hijo de Bernabé Palacios Hernández lograron huir y alertar a los habitantes de Alal que se desplazaron a la comunidad de Musawas. Allí los esperaban los refugiados de Wilú, una tercera comunidad perteneciente al territorio mayagna Sauni As, que en marzo fue atacada también por un grupo de invasores de tierras que, con armas de guerra, acribillaron a cinco personas e incendiaron todas las viviendas.
Ataque a la comunidad mayangna Wilú, Nicaragua
Tras el asesinato de Bernabé Palacios Hernández, líderes y comuneros indígenas aseguraron que en el territorio se presentó el jefe y comisionado de la policía nacional en el municipio de Bonanza, Oscar Alemán, para realizar las investigaciones de lo ocurrido.
El problema, dicen, es que en realidad nada se investiga. “Hemos venido denunciando innumerables hechos en el territorio que causan perjuicios en contra del patrimonio comunal, sin embargo, resulta que la policía tiende a archivar todas estas denuncias y no son investigadas”, dice un abogado mayangna cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad.
“En lo que va del año ya hemos recibido cuatro ataques perpetrados de manera atroz”, dice el líder que pidió el anonimato.
Señalan vínculos políticos en la toma de tierras
Líderes indígenas, defensores de derechos humanos y activistas ambientales en Nicaragua, aseguran que los ataques son perpetrados por colonos, personas no indígenas provenientes de otras zonas del país que invaden el territorio. Detrás de todas esas invasiones, aseguran, está el interés sobre los recursos naturales. El principal de ellos es la tierra para ser traficada u ocupada. En cualquiera de los dos casos, el resultado es la deforestación para la introducción de cultivos y sobre todo ganado, una de las mayores causas de la pérdida de bosque en el país.
Entre 2017 y 2022, 79 200 hectáreas de bosque primario fueron arrasadas en Nicaragua, según la plataforma satelital Global Forest Watch. Antes de eso, según la organización no gubernamental ambientalista Centro Humboldt, entre 1987 y 2010, el país perdió casi 600 000 hectáreas de bosque. Entre 2013 y 2017, se sumaron otras 92 000 hectáreas deforestadas.
Además, desde hace años los comunitarios han denunciado que, frecuentemente, las personas que invaden las tierras indígenas son exmilitares desmovilizados del Ejército y de la Resistencia Nicaragüense de la guerra que golpeó al país entre 1979 y 1990. Las denuncias sostienen que estas personas reciben apoyo de actores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, el partido oficialista) para permanecer en las tierras.
A inicios de este mes, Amaru Ruiz Alemán, presidente de la Fundación del Río, una organización ambientalista con más de 30 años de trabajo en el sureste de Nicaragua, publicó en su cuenta twitter una carta membreteada de la Asociación de Resistencia Nicaragüense Israel Galeano Comandante Franklin (ARNIG). Esta organización es una de las tantas que, terminada la guerra, agrupó a los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, conocida como la Contra. En la carta, la diputada sandinista del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Elida María Galeano Cornejo, le solicita al comisionado de la policía nacional en Bonanza, Oscar Alemán, su “valioso apoyo” en favor de un colono.
“Le solicito de manera muy especial su valioso apoyo en el caso del Sr. José Alejandro Reyes Martínez, miembro afiliado de nuestra organización (ARNIG) y representante de un grupo de familias que se encuentran en la posesión de manera pacífica y cultivando la tierra en el lugar conocido como San José de Waspuco, del municipio de Bonanza”, dice la carta.
En el documento, que ha sido publicado por diferentes medios de comunicación nicaragüense, se lee que estas personas (Reyes Martínez y las familias que él representa) “constan con un aval de posesión emitido por el gobierno territorial Mayangna Sauni As en fecha 24 de mayo de 2021, a favor de los representantes del grupo”.
Elida María Galeano Cornejo, más conocida como Comandante Chaparra, antes de integrar el Parlacen fue diputada nacional de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hasta 2016. Además, según detalla el sitio web de la Asamblea Nacional, fue miembro del Ejército de la Resistencia Nicaragüense, entre 1980 y 1990.
Los intereses políticos
Para entender la razones que movilizan a la diputada a solicitar dicho apoyo, es necesario ir más atrás. El Acuerdo de Paz de Esquipulas, que resolvió el conflicto armado en el país, estableció entre otras cosas que se le entregaría a los desarmados —tanto del ejército como de la resistencia— tierra, trabajo y casa. Fue así que durante la década de los noventa, para pacificar el país, el gobierno de Nicaragua extendió títulos de propiedad en tierras indígenas a campesinos desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y de la Resistencia Nicaragüense. Lo que pasó luego, explica Ruiz, es que “eso se convirtió en una cultura que generó tomas de tierra”.
Para solucionar el problema de las invasiones, en 2002 se promulgó la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, más conocida como Ley 445.
Según esta ley, “los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonar las tierras indígenas sin indemnización. En caso de que pretendan permanecer en ellas, pagarán un canon de arrendamiento a la comunidad”. Eso, sin embargo, “aplica para aquellas personas que ya estaban presentes en el territorio antes de la entrada en vigencia de la ley. “Todo lo que ocurre después de eso se considera invasión”, explica Ruiz.
Cabe precisar que en la carta que la comandante Chaparra hace llegar al comisionado, el supuesto aval de posesión con el que cuenta el colono Reyes Martínez, es de mayo de 2021.
Según explica el defensor, “a nivel rural las resistencias o estos grupos (de desmovilizados) siguen peleando por los Acuerdos de Esquipulas, entonces ellos lo que han hecho es que piden apoyo de los partidos. ‘No me saquen (del territorio) y yo te apoyo’. Es por eso que muchos de los procesos de invasión que ocurren en los territorios tienen que ver con estos grupos que son fomentados por actores políticos, sobre todo en los procesos de campaña electoral para obtener su voto a cambio de que no los saquen”.
La comandante Chaparra, en particular, “es un actor político entonces necesita una base importante que la respalde y lo que hace es que adquiere compromisos. Defender a su grupo y a sus bases para que no los desalojen es parte de sus compromisos”, dice Ruiz. “Es todo un sistema de corrupción para apropiarse de las tierras y, si los indígenas se oponen, también para acabar con ellos”, dice una defensora de los pueblos indígenas en Nicaragua que, por razones de seguridad, solicita el resguardo de su identidad.
Esta no es la primera vez que sale a la luz una carta de Elida María Galeano Cornejo solicitando apoyo a los colonos. En una carta del 2014, firmada por la Comandante Chaparra, se solicita reconocer dicho documento como aval a favor de 12 personas miembros de la organización ARNIG, para que se les reconozca como propietarios de 445 manzanas en la comunidad de Waslalita en el municipio de Bonanza. “Esto es viejo. Las comunidades lo han dicho y lo han reiterado y han ido a las autoridades, pero no pasa nada, no investigan”, dice la defensora.
Carta de 2014 firmada por Elida María Galeano Cornejo en favor de colonos
Por otro lado, líderes indígenas también han expuesto en diferentes ocasiones los nombres y apellidos de colonos que invaden sus territorios por la fuerza. Al igual que en el caso de los vínculos políticos, ninguna investigación se ha llevado a cabo por parte de la policía, aseguran.
El problema, dice el abogado que también pidió el anonimato, es que en este tipo de delitos las comunidades no pueden acusar directamente a una persona ante el juzgado porque se requieren pruebas que necesitan ser levantadas por una investigación policial. “La policía es la entidad competente para investigar y esclarecer los hechos, para luego remitir al Ministerio Público que realiza la acción penal correspondiente”.
Ataques sistemáticos
Según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), “el territorio mayangna Sauni As ha venido sufriendo ataques sistemáticos de colonos no indígenas y/o bandas criminales desde el 2013”. Ese año, el indígena mayangna Elías Charles Taylor fue asesinado mientras patrullaba su territorio atendiendo a una denuncia de que colonos estaban tumbando el bosque. Otros líderes que lo acompañaban resultaron gravemente heridos.
A partir del año 2020 los ataques se recrudecieron, sostiene Calpi, siendo los más cruentos el ataque a la comunidad de Alal en 2020, la masacre de Kiwakumbaih en 2021 y el reciente ataque a la comunidad de Wilú.
En el primer caso, decenas de hombres armados asaltaron la comunidad de Alal, la misma a la que pertenecía Bernabé Palacios Hernández. Allí mataron a cuatro hombres, hirieron a dos y quemaron 16 casas. En el caso de la masacre ocurrida en el cerro Kiwakumbaih, donde indígenas mayangna y mískitu desarrollan históricamente la minería artesanal, “no hay certeza de cuantas fueron las víctimas, ya que diferentes testigos dan diferentes cifras y expresan que algunos cadáveres quedaron en los túneles y no fueron rescatados”, asegura Calpi. Sin embargo, de acuerdo a varios testimonios, “se estima que las víctimas fueron entre 13 y 16 personas —entre ellas un niño de aproximadamente seis años—”, sostiene la organización. Además, una de las mujeres indígenas mískitu asesinadas fue mutilada y una mujer mayangna y su hija de 14 años fueron agredidas sexualmente por varios de los atacantes.
Ya en ese mismo lugar, el defensor del territorio, Nacilio Macario, había sido asesinado en el año 2020.
Defensores de derechos humanos destacan que la saña con la que son perpetrados los ataques también da cuenta de que existe una planificación. “No solo es matarlos, sino es también quitarles los ojos, hacerles heridas en el cuerpo. Esto no es aleatorio. Saben en qué momento entrar y lo que quieren es que no vuelva la gente, causar terror”, dice Ruiz.
“El Código Penal establece que la policía tiene 20 días para presentar un informe de los resultados de la investigación”, asegura el abogado mayangna que pidió reserva de su identidad. Casi dos meses han pasado desde la masacre de Wilú y hasta hoy “no hay ningún informe oficial por parte de la policía”, agrega el experto.
Fuente Mongabay
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