El Pontífice acude a Cedia, centro de Cáritas que acoge anualmente a miles de personas sin hogar. Los residentes de la zona han vivido una pesadilla durante años
En el número 11 de la calle Cullera se encuentra el centro Cedia de Cáritas. Un espacio abierto a las personas sin hogar los 365 días del año. Durante el año pasado, sus instalaciones acogieron alrededor de 2.500 personas, a las cuales, además de techo, se les proporcionó acompañamiento social y orientación laboral. Esta «iglesia que acompaña», como es definida por la propia organización, constituye la segunda parada dentro del periplo madrileño de León XIV. Hoy sábado, el Pontífice será testigo del trabajo que desempeña un centro alineado con sus postulados: la defensa de la dignidad de los colectivos más vulnerables, especialmente los inmigrantes.
El panorama que ha vivido en los últimos años esta calle del barrio de Lucero, distrito de Latina, ha sido desolador. Su nombre ha acabado engrosando esa lista de «puntos negros» de la capital en lo que a seguridad se refiere. El pasado noviembre, la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional llevaron a cabo una redada en cuatro «narcopisos». Además de detener a ocho personas, los agentes se incautaron de 13.500 euros, dos armas de fuego cortas, dos puños americanos, una defensa extensible… Este golpe policial coincidió en el tiempo con la puesta en marcha de 18 cámaras de videovigilancia, dotadas de inteligencia artificial y sufragadas por el Ayuntamiento de Madrid.
El problema no fue espontáneo. Como explican a LA RAZÓN desde el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), el origen de todo se encuentra en un clan que llegó hace una década a la calle Cullera, el cual tuvo acceso a una serie de pisos de protección oficial.
Pero, poco a poco, fueron «colonizando» más: algunos fueron adquiridos legalmente; otros fueron «okupados». Llegaron a manejar diez pisos pertenecientes a dos bloques, en los cuales la venta de heroína comenzó a atraer a consumidores de todo Madrid.
Fue entonces cuando la situación se hizo insoportable. Sobre todo para los vecinos que residían en los dos edificios afectados: drogodependientes consumiendo en las zonas comunes del inmueble, donde defecaban y destrozaban el mobiliario; pernoctaciones en aquellas áreas por las que los vecinos transitaban a diario; «material» de consumo abandonado en zonas infantiles…
La desesperación era total, especialmente por la vulnerabilidad, indefensión y abandono que sentían por parte de las instituciones. Algunos tuvieron que malvender su vivienda. Otros, aún hoy padecen secuelas psicológicas.
El colegio de criminólogos entra en acción
A fecha de 2026, la situación ha cambiado. Una orden de alejamiento sobre los traficantes ha puesto, por el momento, fin a la actividad de los narcopisos. Pero los residentes no bajan la guardia. «Hay calma tensa. Piensan que, si decae la orden de alejamiento, la situación se puede repetir», explica a LA RAZÓN Alberto Rodríguez, vocal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
El Colegio, fundado hace ahora siete años, ha sido en buena parte responsable de alertar a las administraciones sobre la necesidad de tomar medidas en el barrio de Lucero. No en vano, una de las funciones del CPCM es la de prestar auxilio y asesoramiento de forma desinteresada a los poderes públicos. Así, como explica Rodríguez, elaboraron un plan integral de prevención para intentar paliar «un problema que parecía enquistado». «El abordaje no podía ser solo el de la seguridad: también había un problema de salud pública y social», señala.
En su estrategia, contemplaban medidas muy concretas. Varias de ellas se han materializado. Por ejemplo, la ya citada instalación de cámaras de videovigilancia. Además, solicitaban el control de acceso a los edificios. Y les consta que se está trabajando en otras de sus propuestas: la mejora de la iluminación de ciertas zonas o bajar la altura de los setos en otras, de tal forma que no queden áreas sin vigilancia.
El alejamiento, por el momento cautelar, de los dueños de los narcopisos ha logrado uno de los objetivos: que la calle Cullera deje de ser atractiva para el consumo de drogas. «El tráfico ha disminuido muchísimo», apunta Rodríguez. Pero eso es solo el principio. Ahora, hay que recuperar el entorno: «Que la zona sea de verdad apta para los vecinos».
Eso sin olvidar, como decíamos antes, que los problemas no se ciñen solo a la seguridad. «Ahora hay que seguir trabajando. Los narcopisos están en una especie de limbo, pero pueden volver a ser okupados. Una de las tareas pendientes es atender a los consumidores de heroína: si no van a la calle Cullera, irán a otro sitio». Lo que es seguro es que el Colegio de Criminólogos ha logrado el primer objetivo de su plan: «Recuperar el control del barrio».
Fuente: La Razón
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