Advierten sobre tala de árboles, fabricación de carbón y presunta venta ilegal de terrenos del Proyecto 476 del IAD
LA ROMANA.- Varias asociaciones de parceleros y transportistas de El Gato, La Noria, Villa Hermosa, denunciaron una invasión progresiva de terrenos pertenecientes al Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el Proyecto 476 del Instituto Agrario Dominicano, donde, según afirmaron, se estarían produciendo tala indiscriminada de árboles, fabricación de carbón y presuntas operaciones de venta de terrenos del Estado por personas que no demostrarían derechos legales sobre esas propiedades.
Las organizaciones; Frente Agrario Revolucionario y Comunitario «Mi Propio Esfuerzo» (FARCOMPE), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (PROAAGROPOR-CUMAYASA, S. R. L.), afirmaron que tanto el Ministerio de Agricultura como el IAD han sido formalmente intimados mediante actos de alguacil para que realicen un descenso al Proyecto 476 del IAD y dispongan un saneamiento técnico y jurídico que permita determinar quiénes poseen derechos legítimos sobre las parcelas y quiénes las estarían ocupando de manera irregular.
Mario Díaz, Angela María Acosta, Celsi Eusebio Rojo, voceros de las entidades, consideraron especialmente preocupante que estas acciones se produzcan luego de la promulgación del Decreto Núm.615-26, mediante el cual el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención y combate del denominado terrorismo medioambiental.
“Mientras el Gobierno establece una política firme para proteger nuestros recursos naturales, resulta contradictorio que en terrenos del propio Estado se denuncien talas de árboles, fabricación de carbón y ocupaciones irregulares sin una intervención efectiva, esto constituye un desafío a la autoridad del Estado y a la política ambiental trazada por el presidente Abinader”, sostuvieron.
En ese orden, reclamaron al Poder Ejecutivo fortalecer la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente en La Romana, al considerar que sus funcionarios necesitan mayores condiciones para enfrentar eficazmente las agresiones contra los recursos naturales de la provincia.
Señalaron que esa dependencia requiere instalaciones físicas adecuadas para el desempeño de sus funciones, mayor dotación de personal y, especialmente, un mayor respaldo de personal militar que permita acompañar las labores de inspección, vigilancia y protección de las áreas donde se registren denuncias de depredación ambiental.
“Los funcionarios de Medio Ambiente en La Romana necesitan herramientas y respaldo para poder actuar, no podemos exigir resultados frente a la depredación si quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestros recursos no cuentan con oficinas adecuadas, suficiente personal y el apoyo militar necesario para realizar sus operativos con seguridad y efectividad”, manifestaron.
Las organizaciones aclararon que su denuncia no está dirigida contra ninguna nacionalidad, sino contra cualquier persona, dominicana o extranjera, que ocupe, deprede o comercialice terrenos públicos sin derechos legalmente reconocidos.
Los parceleros reclamaron una intervención interinstitucional urgente que involucre al Ministerio de Agricultura, IAD, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio Público y los organismos de seguridad correspondientes, incluyendo un levantamiento de las parcelas, identificación de sus ocupantes, revisión de documentos y una investigación sobre las denuncias de depredación ambiental y presunta comercialización ilegal de terrenos.
“Los terrenos del Estado no pueden convertirse en tierra de nadie, ni nuestros árboles pueden seguir siendo convertidos en carbón. Hemos agotado las vías institucionales y hasta hemos intimado formalmente a las autoridades; ahora esperamos una respuesta concreta”, expresaron.
Los denunciantes solicitaron que, de comprobarse las acciones señaladas, las autoridades determinen las responsabilidades administrativas, ambientales y penales correspondientes, conforme a la legislación vigente y al marco de protección establecido por el Decreto Nùm.615-26.
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