Santo Domingo, RD. En su 28va Asamblea Anual celebrada el 27 de marzo pasado, ParticipaciĆ³n Ciudadana eligiĆ³ un nuevo Consejo Nacional y proclamĆ³ su apoyo a los esfuerzos que se estĆ”n haciendo para avanzar en reformas institucionales que hace aƱos son necesarias e impostergables.
El movimiento CĆvico, seƱalĆ³ en nota de prensa que, en estos momentos, 16 temas de trascendencia estĆ”n en la agenda de trabajo del Consejo EconĆ³mico y Social (CES).
Precisaron que todos los temas son necesarios, pero entienden que este aƱo deberĆan priorizarse y lograrse la Reforma Electoral y la Ley de Partidos PolĆticos, ademĆ”s de garantizar la total independencia del Ministerio PĆŗblico, la reforma de la Ley de Seguridad Social, y trabajar por la reforma institucional que garantice la calidad de la educaciĆ³n pĆŗblica.
TambiĆ©n seƱalaron que es fundamental la reforma policial, la polĆtica de seguridad ciudadana y de persecuciĆ³n de la criminalidad organizada, la ley de ExtinciĆ³n de Dominio, que ya cursa en el Congreso, y la reforma de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones pĆŗblicas.
El coordinador general de ParticipaciĆ³n Ciudadana, Joseph Abreu, precisĆ³ que, algunas de estas reformas estĆ”n en el tiempo justo para ser concertadas y aprobadas, dados los enormes perjuicios que su posposiciĆ³n conlleva.
ĀØPara mejorar la calidad de la democracia y de las prĆ³ximas elecciones, los cambios en la normativa deberĆan producirse este aƱo, de manera que la Junta Central Electoral y los mismos partidos tengan tiempo de aplicarlas antes del periodo electoralĀØ, seƱalĆ³ Abreu.
El movimiento cĆvico, enfatizĆ³ que, tambiĆ©n son urgentes los cambios en la seguridad social y en la calidad de la educaciĆ³n pĆŗblica.
ĀØEsta Ćŗltima no requiere reforma legal, ya que se puede lograr con un acuerdo y voluntad de las partes que coloque como centro de atenciĆ³n el aprendizaje de los niƱos y niƱas que acuden a la educaciĆ³n pĆŗblica, cumpliendo con el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a una educaciĆ³n de calidadĀØ, indicaron.
SeƱalaron, ademĆ”s, que es impostergable que el paĆs realice las reformas necesarias para fortalecer los Ć³rganos de control de la corrupciĆ³n y la criminalidad, males que amenazan el Estado social, democrĆ”tico y de derechos que establece la ConstituciĆ³n.
ĀØReconocemos avances en la persecuciĆ³n de la corrupciĆ³n y del crimen organizado, pero la delincuencia comĆŗn sigue siendo una amenaza que transforma en un infierno la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, a lo cual se agregan las frecuentes actuaciones abusivas de la policĆa, especialmente contra los sectores mĆ”s vulnerablesĀØ, precisaron.
La instituciĆ³n de la sociedad civil ve con preocupaciĆ³n los escasos avances en las diferentes mesas del CES que estĆ”n a cargo de estos temas y la aparente disposiciĆ³n de algunos sectores de dificultar las reformas.
En tal sentido, exhortaron a los diversos sectores que confluyen en el CES a aportar la voluntad indispensable y comprometerse en las conversaciones, asumiendo un rol activo, tanto desde el sector social, empresarial y laboral, asĆ como desde el oficialismo y los partidos de oposiciĆ³n, contribuyendo con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderaciĆ³n por las cĆ”maras legislativas.
ParticipaciĆ³n Ciudadana, ademĆ”s, realizĆ³ un llamado a los legisladores para que las reformas se guĆen por el artĆculo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupciĆ³n y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos pĆŗblicos o que, prevaliĆ©ndose de sus posiciones dentro de los Ć³rganos del Estado, obtenga para sĆ o para terceros provechos econĆ³micos, o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.
Siguiendo este mandato, la instituciĆ³n de la sociedad civil, considera que en el Congreso Nacional debe ser aprobado el Proyecto de Ley de ExtinciĆ³n de Dominio, que tambiĆ©n es un mandato constitucional, consignado en el artĆculo 51.6.
En ese tenor, seƱalaron que, es urgente establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupciĆ³n, aprovechando que el artĆculo 147.5 constitucional establece que la ley podrĆ” disponer plazos de prescripciĆ³n de mayor duraciĆ³n que los ordinarios para los casos de crĆmenes de corrupciĆ³n.
Con relaciĆ³n a la reforma de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones pĆŗblicas de bienes y servicios, la instituciĆ³n puntualizĆ³ que se hace urgente su revisiĆ³n integral de tal manera que permita fortalecer el marco jurĆdico regulatorio para hacerlo mĆ”s transparente y eficiente en su funcionamiento y contrarrestar las prĆ”cticas de corrupciĆ³n que han sido evidentes en los Ćŗltimos aƱos.
ĀØLas reformas que ahora se encuentran en discusiĆ³n son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningĆŗn pretexto. El pueblo dominicano cuenta con las fortalezas para avanzar ante las situaciones difĆciles. Es precisamente para los malos tiempos que necesitamos instituciones fuertesĀØ, destacaron.
La organizaciĆ³n de la sociedad civil seƱalĆ³ que todas las reformas que estĆ”n apoyando tienen enormes repercusiones en el futuro inmediato del pueblo dominicano. Si no se logra ahora, el paĆs arrastrarĆ” por dĆ©cadas los mismos males que lo agobian.
Concluyeron, reclamando al sector polĆtico, oficialista y de oposiciĆ³n, cumplir con las promesas de campaƱa y los compromisos de avanzar hacia una RepĆŗblica Dominicana mĆ”s democrĆ”tica y progresista, donde se incentive el trabajo honesto, la justicia y la paz y se castigue ejemplarmente la corrupciĆ³n y el crimen.