En el tercer trimestre del año, la pobreza -medida en ingresos- ascendió al 44.7%, afectando a 17.5 millones de personas y la indigencia trepó al 9.6%, alcanzando a 4.2 millones de habitantes. A su vez, el 62.9% de los niños y adolescentes vive en hogares pobres.
Los datos se desprenden del informe “Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El mismo revela que, en el transcurso de un año, el porcentaje de la población con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica total creció 1.6 puntos, mientras que el porcentaje de habitantes cuyos ingresos no alcanzan para acceder a la canasta básica alimentaria subió 1.5 puntos en el mismo período.
Aquí, la devaluación de agosto ejecutada por Massa, bajo la orden del FMI, jugó un papel decisivo en este deterioro del poder de compra de las familias trabajadoras. También influyeron en la subida de los alimentos los dólares preferenciales otorgados al agro, la quita de retenciones a las economías regionales y el ajuste fondomonetarista que hundió a las jubilaciones y a los programas sociales.
El salto cambiario y la liberación de tarifas que propone Milei parece que no harán más que profundizar la pobreza y la indigencia en el país.
El informe muestra que no basta con tener un empleo y cobrar un salario para dejar de ser pobre: el 33.1% de los trabajadores ocupados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esto obedece, por un lado, a los topes salariales -avalados por el gobierno y la burocracia sindical- pero fundamentalmente a la falta de trabajo genuino. El 50.8% de la mano de obra en Argentina está precarizada: el 26.5% trabaja de manera no registrada y el 24.3% sobrevive con changas. A su vez, la desocupación llega al 8.8%.
Otro dato desolador que arroja el informe de la UCA es que el 20.6% de los hogares (2 puntos más que en 2022) tiene signos de inseguridad alimentaria, es decir, padece hambre al menos una vez por día. A su vez, la inseguridad alimentaria severa entre los niños y adolescentes es la más alta de los últimos 18 años, ubicándose en el 13.9%.
Lo que se viene con Milei, parece que lejos de resolver la carestía como prometió en campaña electoral, la agravará. Podría sumergir aún más las jubilaciones, los programas sociales y la asistencia alimentaria con su política de ajuste; puede que suba el desempleo con la paralización de la obra pública; devaluará la moneda (Guillermo Francos habló de un “dólar razonable” a $650); encarecerá los alimentos si le quita las retenciones al agro como prometió; se dispararán las tarifas de luz y gas y el precio de los combustibles, entre otros golpes al bolsillo. Como contrapartida, su proclama de eliminar la emisión monetaria que insume el pago de intereses de Leliqs y pases parece poco viable y las propuestas de Caputo para desarmar el stock de deuda del BCRA son todas inflacionarias.
Fuente Prensa Obrera
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