Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Marisela Gutiérrez
No escribo para agradar, escribo para que despierten.
Durante años, la población ha cargado con el mayor peso de las políticas fiscales. La han convertido en la caja chica de los gobiernos: un fondo del que siempre se puede sacar dinero sin pedir permiso y sin ofrecer explicaciones suficientes.
Cada vez que el Estado necesita más recursos, la mirada se dirige al bolsillo del ciudadano. Se crean nuevos impuestos, aumentan las tasas o aparecen nuevas cargas que terminan afectando, una vez más, a quienes viven de su trabajo diario.
Pareciera que para los gobiernos el pueblo es una fuente inagotable de ingresos. Poco importa si el salario alcanza o no, si el pequeño comerciante apenas sobrevive o si el emprendedor lucha por mantener abiertas las puertas de su negocio. La respuesta casi siempre es la misma: que pague el ciudadano.
Lo más preocupante es que esa carga no siempre se traduce en mejores servicios, mayor seguridad, un sistema de salud eficiente o una educación de calidad. El sacrificio lo hace el pueblo, pero los resultados no siempre regresan al pueblo.
La verdadera riqueza de un país no está únicamente en lo que recauda, sino en la confianza que inspira a sus ciudadanos. Cuando esa confianza se rompe, no basta con presentar cifras positivas o prometer que el sacrificio valdrá la pena. La credibilidad no se decreta; se construye con justicia, transparencia y decisiones equilibradas.
Gobernar no puede significar recurrir siempre al mismo bolsillo. También implica administrar con eficiencia, combatir el desperdicio, reducir los privilegios innecesarios y garantizar que el peso de las decisiones sea compartido de manera justa.
Porque un pueblo no puede ser visto eternamente como una caja chica. Es el verdadero dueño de los recursos del Estado y merece respeto por cada peso que aporta con el fruto de su trabajo.
Mientras el ciudadano siga siendo la solución más fácil para cubrir las necesidades del gobierno, seguirá creciendo una pregunta que cada vez más dominicanos se hacen: ¿quién administra realmente el sacrificio del pueblo y quién responde por él?
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