SANTO DOMINGO, RD.- A partir de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Jarabacoa impuso dos meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un conductor de vehículo vinculado al tráfico de indocumentados haitianos.
La medida de coerción fue impuesta al imputado Forky Francisco Burgos Jiménez, de 43 años de edad, arrestado en flagrante delito en horas de la tarde del pasado 20 de septiembre cuando transportaba en un carro a 5 mujeres indocumentadas.
El imputado fue sorprendido en la comisión del hecho mientras se desplazaba por el sector Paso Bajito, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega.
La investigación está direccionada por la fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena Paulino, quien destacó “el firme compromiso de los fiscales bajo su coordinación en la persecución responsable de esos hechos criminales”.
El fiscalizador David A. Barrera presentó la solicitud de medida de coerción tras ejecutarse el arresto del imputado por miembros de la Policía Nacional que prestan servicio en el indicado sector y establecerse con diferentes evidencias que transportaba al grupo con condición migratoria irregular.
Burgos Jiménez al momento de su arresto se desplazaba en un vehículo con un perfil sospechoso, a alta velocidad y con sobrepeso, el cual fue detenido y requisado.
Posteriormente, se procedió con el arresto del imputado y se incautó el vehículo, mientras que las mujeres fueron entregadas a las autoridades competentes para la deportación hacia su país.
El Ministerio Público aportó diferentes evidencias documentales, ilustrativas, materiales, testimoniales y audiovisuales con las cuales sustentó la solicitud de la medida privativa de libertad.
La jueza Juana Silverio Martínez dictó la medida de coerción al establecer el Ministerio Público la vinculación del imputado con el caso al que otorgó la calificación jurídica provisional de violación al artículo 1, letra F, I; artículo 2, 7, letra D, de la Ley No. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 63-24.
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