Lima, Perú.– La República Dominicana presentó sus principales avances en materia de promoción y abogacía de la competencia durante el “Taller sobre promoción de la competencia: Herramientas y consejos prácticos”, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En representación del país, la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, compartió la experiencia dominicana en el diseño e implementación de una estrategia integral para fortalecer la institucionalidad y difundir el conocimiento sobre la libre competencia.
Vásquez Taveras señaló que la República Dominicana ha logrado avances considerables a través del trabajo con sectores clave como la academia, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la Administración pública, promoviendo una cultura de competencia desde múltiples frentes.
En el ámbito académico, destacó que ProCompetencia ha formalizado más de 10 acuerdos de cooperación interinstitucional con universidades, desarrollando un programa intensivo de actividades formativas que ha capacitado a cientos de estudiantes. “Estos esfuerzos están produciendo cambios estructurales tangibles en el sistema educativo. De manera concreta, dos universidades han iniciado ya sus procesos para incluir el derecho de la competencia como materia obligatoria en sus programas académicos, lo que representa un avance significativo hacia la institucionalización de esta disciplina en la formación superior”, subrayó.
En el sector público, explicó que se ha implementado un programa sistemático de formación para funcionarios que inciden directamente en decisiones de contratación y regulación. El proyecto más ambicioso en esta línea es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos de Compras para la Administración Pública,ejecutado junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). Este programa ha permitido la formación de cerca de 300 oficiales de integridad, y se proyecta alcanzar 1,000 funcionarios capacitados antes de noviembre de este año.
“Los efectos de estas jornadas ya se han puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos de compras públicas ha sido posible contar con información clave suministrada directamente por diversas entidades gubernamentales”, destacó.
La presidenta de ProCompetencia afirmó que la institución ha desarrollado una estrategia integral de posicionamiento institucional basada en eventos de alto impacto, publicaciones especializadas y un programa sostenido de capacitaciones, lo que ha fortalecido su presencia en el ecosistema regulatorio.
Uno de los logros más significativos destacados fue la aprobación de la Política Nacional de Competencia, la cual calificó como “la herramienta más poderosa con la que cuenta la República Dominicana en este sentido”.
Explicó que este instrumento, legitimado por el más alto nivel gubernamental, permite institucionalizar la cultura de competencia en la academia, consolidar la formación en la Administración pública e impulsar la vigilancia normativa sistemática.
“La aprobación de esta política es un hito trascendental que evidencia el compromiso del Estado dominicano con la creación de un entorno económico donde la libre y leal competencia sea promovida y protegida de manera coordinada entre las entidades gubernamentales”, afirmó Vásquez Taveras.
Durante el taller, compartió espacio con expertos internacionales como Olavo Chinaglia, abogado y expresidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil; Diego Morales, director de Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá; Alejandro Ibarra, investigador asociado del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington (GWU); Ingrid Ortiz, superintendente de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; Felipe Castro, jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile; y Bevan Narinesingh, director ejecutivo de la Comisión de Comercio Justo (FTC) de Trinidad y Tobago.
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