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Por Freddy Gonzáles
Son insaciables, no se conforman con las exenciones fiscales, las evasiones y las retenciones de impuestos deducidos a los trabajadores, sino que ahora todos unidos en Santa Cruzada, quieren eliminar del proyecto de código laboral que cursa en el congreso, el derecho adquirido por los trabajadores dominicanos al auxilio de la cesantía. ¡Que barbarazos!
La cesantía laboral es una medida que garantiza al trabajador cierta prestación al término del contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador o vencimiento de lo estipulado en el mismo.
No es un regalo, ni la decisión magnánima de los empleadores, es una conquista de los trabajadores después de largas jornadas de luchas por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, de 5 días a la semana, seguridad social, derecho al preaviso, la cesantía, etc.
En nuestro país fue instituida en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina en su tercer mandato, hacen 80 años, en 1944, mediante la Ley 637, ratificada en la modificación al código laboral del 1984 por la ley 207 y mantenida en la vigente legislación laboral de 1992 por la Ley 16 de ese año.
La cesantía laboral, es el resultado del llamado desahucio contemplado en el artículo 75 de nuestro código de trabajo que establece: «Desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido».
De ahí que cuando se produce el desahucio por parte del empleador ejerciendo su derecho de poner fin de manera unilateral al contrato verbal o escrito con su trabajador, este tiene derecho al auxilio de la cesantía contemplada en el artículo 80 del ya referido código laboral, el cual indica que el auxilio de cesantía es la indemnización pagada al trabajador cuando el contrato suscrito por tiempo indefinido termina por la voluntad del empleador o con responsabilidad para este, o cuando el convenio por tiempo determinado finaliza luego de tres meses de relación laboral.
Alegando que el cumplimiento del auxilio por cesantía aumenta los costos laborales los cuales constituyen un obstáculo y una traba para la competitividad y el crecimiento económico del país, el empresario dominicano actuando como bloque monolítico aboga por su eliminación de nuestra legislación laboral. Postura que se enmarca en una corriente de pensamiento económico que enfatiza la desregulación de los mercados laborales como estrategia de fomento del empleo y el crecimiento económico.
Contrario a esta afirmación un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala: «el nivel de rigidez del mercado laboral dominicano no es significativamente distinto al de las economías latinoamericanas».
Concluyendo que los costos que más pesan a la competitividad de nuestra economía con otras de nuestra área son: «El costo del suministro eléctrico, al acceso al crédito, a la corrupción y la burocracia ineficiente, a la tributación y a las cargas parafiscales y a la deficiente educación de la mano de obra».
Entonces no es el auxilio del derecho de cesantía que encárese los costos de producción de nuestros empresarios; son otras las causas en las que todos están envueltos y son responsables.
Los legisladores no pueden prestarse a la trama empresarial de dejar el tema de la cesantía fuera de la discusión de la actual reforma laboral para una supuesta discusión posterior a su aprobación porque eso sería una estocada mortal a la clase trabajadoras y al desconocimiento a derechos adquiridos con muchas jornadas de luchas de sangre y sacrificios de miles de trabajadores dominicanos en casi un siglo.
Corresponde a todos los trabajadores del país, sindicalizados o no, defender esas conquistas arrebatadas a la más cruel y feroz dictadura que hemos padecido los dominicanos, la del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina.
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