El tribunal suspende las disposiciones de aplicación inmediata al advertir de posibles daños irreversibles antes de las elecciones del 27 de octubre
El Tribunal Supremo de Justicia de Israel suspendió las disposiciones que debían entrar en vigor de inmediato del proyecto de Ley de Comunicaciones, aprobado por el Parlamento el jueves, y con el que el Gobierno busca tener un mayor control sobre los medios de comunicación. La medida cautelar emitida por el Supremo, y difundida por el Canal 12, detalla que la suspensión no afecta a «la ley en su conjunto», sino solo a las disposiciones inmediatas que causarían un daño irreversible justo antes de las elecciones previstas para el próximo 27 de octubre.
«Considerando el alcance de los cambios introducidos en su marco y su impacto previsto en el mercado de las comunicaciones, existe la preocupación de que, tras su entrada en vigor, sea difícil revertir la situación«, explica el Supremo en su decisión. «Por la presente se dicta una medida cautelar respecto de las disposiciones de la Ley de Comunicaciones que serán de aplicación a partir de la fecha de su publicación, suspendiendo su entrada en vigor hasta la fecha de la decisión sobre las solicitudes de medida cautelar», añade.Play Video
Este proyecto de ley, aprobado el jueves por 53 votos a favor y 48 en contra, amplía de forma significativa el control del Gobierno sobre el sector de medios y, según detalla el diario Times of Israel, «elimina mecanismos de supervisión, estándares periodísticos mínimos, la obligación de invertir en producciones israelíes originales y (…) otorga al Gobierno mayor influencia sobre los índices de audiencia televisiva y la asignación de publicidad estatal».
«El propio ministro de Comunicaciones (Shlomo Karhi) declaró que su objetivo es ‘aplastar el monopolio de la izquierda sobre los medios’, es decir, subordinar la prensa al Gobierno», afirmó en un comunicado Yaniv Goldberg, de la ONG Movimiento por un Gobierno de Calidad, una de las organizaciones que apelaron al Supremo tras la aprobación de la ley.
Fuente: La Razón
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