Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El congresista del Distrito 15 de El Bronx, Ritchie Torres, presentó una resolución federal destinada a restablecer protecciones para los consumidores frente a prácticas engañosas en las transferencias de remesas, un servicio del que dependen millones de familias inmigrantes, entre ellas miles de dominicanas, para enviar dinero a sus seres queridos en sus respectivos países.
La medida, identificada como H.J.Res. 175, busca restaurar una guía emitida por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), conocida como Circular 2024-02, que aclaraba cuándo las afirmaciones publicitarias sobre el costo y la rapidez de las remesas podían considerarse engañosas bajo la ley federal.
Según la oficina del congresista, dicha protección fue revocada por la administración Trump como parte de una política más amplia de eliminación de directrices del CFPB.
Las remesas representan un apoyo económico esencial para muchas familias inmigrantes, particularmente en comunidades como El Bronx, donde una parte significativa de los ingresos se destina a apoyar económicamente a parientes en sus países de origen.
La resolución de Torres pretende asegurar que las empresas que ofrecen estos servicios proporcionen información clara y precisa sobre tarifas, tiempos de entrega y costos asociados.
“Para innumerables familias en todo Estados Unidos, las remesas no son un lujo; son un salvavidas financiero”, expresó Torres al anunciar la iniciativa.
“Las familias merecen honestidad y transparencia cuando envían el dinero que tanto esfuerzo les cuesta ganar para apoyar a sus seres queridos en el extranjero”. “Nadie debe ser engañado sobre cuánto costará una transferencia o cuándo llegará”.
La propuesta forma parte de un paquete de 23 medidas impulsadas por demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para restaurar diversas orientaciones regulatorias eliminadas recientemente.
Entre ellas figuran protecciones contra cobros abusivos por sobregiros, prácticas depredadoras en el cobro de deudas, discriminación ilegal en préstamos y la explotación financiera de miembros del servicio militar.
Torres sostuvo que reforzar estas salvaguardas es particularmente importante para proteger a consumidores vulnerables y garantizar que el mercado financiero opere bajo principios básicos de transparencia y verdad en la publicidad.
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