SANTO DOMINGO, RD.- A partir de los medios de pruebas aportados por el Ministerio Público, los jueces de un tribunal de La Vega condenaron a 30 años de prisión a un hombre hallado culpable de asesinar a otro a causa de heridas de arma de fuego, en un hecho ocurrido el pasado año en el sector Hoya Grande de esa localidad.
El procesado Edison Ramón Cristóbal Reynoso Guerrero (Nini) además de la pena que le priva de libertad, también deberá pagar RD$5 millones de indemnización por los daños provocados a la familia de la víctima Ariel de Jesús Contreras Martínez.
Reynoso Guerrero le disparó a Contreras Martínez con una pistola que portaba de manera ilegal en momentos en que la víctima se encontraba frente a su residencia en horas de la madrugada del 16 de octubre de 2024.
Según consta en el expediente acusatorio, el día anterior ambos habían salido alrededor de las 3:00 de la tarde del indicado sector junto a otro hombre (testigo del caso) en el vehículo de la víctima, una yipeta Mitsubishi blanca, con dirección a un coliseo gallístico localizado en la ciudad de Santiago, donde permanecieron durante la tarde y parte de la noche, participando en actividades de apuestas y diversión relacionadas con las peleas de gallos, además de ingerir bebidas alcohólicas.
Durante la investigación se estableció que, posteriormente, cerca de las 10:00 de la noche, los tres hombres regresaron a la ciudad de La Vega y se dirigieron a un centro de diversión, donde continuaron tomando alcohol y divirtiéndose. Luego se produjo un conflicto porque la víctima quería retirarse del lugar.
Mientras el procesado se negaba a irse, Contreras Martínez acompañado del testigo, decidió finalmente abandonar el centro de diversión y regresar a su casa.
Poco tiempo después, Reynoso Guerrero solicitó un servicio a un motoconchista y también se dirigió a su residencia, donde buscó el arma de fuego que poseía de manera ilegal, procediendo luego a interceptar a la víctima, que vivía cerca, ocasionándole las heridas mortales.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó que la acusación fue sustentada con suficientes medios de pruebas que permitieron obtener la pena máxima en el proceso judicial como solicitó el Ministerio Público.
En la investigación y litigación del caso el órgano persecutor estuvo representado por los procuradores fiscales Juan Carlos Núñez Pichardo y Yurisan Ceballos, respectivamente.
Tras valorar las pruebas, los jueces Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, del Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, dictaron la sentencia contra el procesado por la violación de varios artículos del Código Penal y la Ley de Armas 631-16, ordenando su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esa ciudad.
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