SANTO DOMINGO, RD.- Acogiendo la petición del Ministerio Público, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la separación de Elías Caamaño Pérez del expediente matriz presentado contra la red criminal que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos para agenciarse la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales litigantes Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
El Ministerio Público indicó al tribunal que el excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó una licencia médica que lo mantendrá recluido por 15 días calendario.
El magistrado juez Deiby Timoteo Peguero fijó la audiencia del acusado Caamaño Pérez para el lunes, 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, e inmediatamente ordenó al órgano acusador presentar la acusación.
El equipo de fiscales presentó su acusación y elementos de pruebas contra 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red criminal desmantelada con la Operación Lobo.
La acusación está sustentada con 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.
El Séptimo Juzgado de Instrucción fijó la continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes, 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, hasta que concluyan todas las defensas.
Acusación por sobornos
El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.
Por el caso también son acusados Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y de Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
También, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y de Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, igualmente, incluye a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Pepca inició, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
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