Además, por los documentos clasificados de Florida
El fiscal especial encargado de investigar a Trump por su participación en el asalto al Capitolio y la acumulación de documentos clasificados en su mansión de Florida tras su derrota en 2020 renunció a su cargo tras entregar sus informes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado el despido de más de una docena de empleados que trabajaron en procesos penales contra el presidente Donald Trump tras su primera presidencia. El abrupto cese afecta a varios fiscales que trabajaban en el equipo del ex fiscal especial Jack Smith, encargado entre 2022 y 2025 de investigar la participación de Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el caso conocido como «Eco plasmático».
Se trata de una investigación liderada por el FBI en relación con la acumulación de material considerado sensible para los intereses de la seguridad nacional estadounidense tras el fin de su primera presidencia. Trump guardaba estos documentos, presuntamente, en su mansión de Mar-a-Lago. Los fiscales no consiguieron probar ni su rol en los disturbios tras la victoria de Biden ni un mal uso de los documentos que implicase una violación de la Ley de Espionaje de Estados Unidos antes de su regreso al poder.
El despido de los fiscales que le investigaron forma parte de un desmantelamiento mayor que los republicanos están ejecutando entre el personal del Departamento de Justicia (DOJ). La segunda Administración trumpista ha reasignado a varios funcionarios en otras divisiones, pese a que la tradición bipartidista mantenía a los fiscales en sus puestos pese al cambio ideológico gubernamental.
«Hoy, el Fiscal General en funciones, James McHenry, ha despedido a varios funcionarios del DOJ que desempeñaron un rol importante en las investigaciones contra el presidente Trump», afirma un comunicado del departamento. «Debido a sus acciones, el Fiscal General interino no confía en que estos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del Presidente. Esta acción es consistente con la misión de poner fin a la militarización del Gobierno».
No está claro quienes o cuántos fiscales se han visto afectados por la orden. También se desconoce cuántos de los fiscales despedidos tienen la intención de impugnar sus despidos: los afectados podrían alegar que el Departamento ha dejado de lado las protecciones otorgadas a los empleados federales.
Durante su primer día en el cargo, Trump firmó indultos y conmutaciones de penas generalizadas a los más de 1.500 simpatizantes acusados en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Esto benefició incluso a los culpables de ataques violentos contra la Policía –entre los que hubo cuatro fallecidos-, así como a miembros de grupos de extrema derecha condenados por intentar interrumpir el proceso de investidura de Joe Biden.
El Departamento de Justicia ha investigado a Trump tanto durante su primer mandato como durante los últimos cuatro años de Gobierno demócrata bajo las órdenes del ex fiscal general Merrick Garland. El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que espera «lealtad» de los organismos policiales y militares, supuestamente entrenados para anteponer hechos, pruebas y la ley por encima de cualquier ciudadano, incluido el presidente.
Trump ha colocado a aliados cercanos en puestos de alto nivel, sustituyendo a su primer director del FBI, Christopher Wray, por el más leal Kash Patel. La Fiscal General elegida por Trump, Pam Bondi, dijo en su audiencia de confirmación este mes que no haría política, pero no descartó la posibilidad de investigar a «adversarios» de Trump como el fiscal Smith. Este renunció al departamento a principios de este mes después de presentar un informe de dos tomos sobre las investigaciones del asalto al Capitolio y la acumulación de documentos clasificados en Mar-a-Lago.
Al menos otro miembro clave del equipo, Jay Bratt, también se ha marchado del Departamento este mes después de servir como fiscal en el caso de los documentos clasificados. Tanto el caso de asalto democrático como el de los documentos de Mar-a-Lago fueron retirados por la Fiscalía tras la victoria presidencial de Trump en noviembre, al hacerse patente la imposibilidad de investigar a un presidente en activo en el país norteamericano.
Fuente: Euronews
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