Dicha medida responde a las cada vez más urgentes necesidades de reclutamiento de un ejército ucraniano desgastado tras cuatro años de conflicto
La Comisión Europea propuso este viernes extender hasta marzo de 2028 la protección temporal para los refugiados ucranianos, un mecanismo habilitado por la Unión para otorgar derechos a las personas desplazadas por la guerra. Eso sí, esta medida llega con una condición: por primera vez, el bloque busca denegar este amparo a los hombres en edad militar que lleguen a suelo comunitario sin autorización de las autoridades ucranianas para abandonar el país. Se busca así responder a las cada vez más urgentes necesidades de reclutamiento de un ejército ucraniano desgastado tras cuatro años de conflicto.
Según el Ejecutivo comunitario, esta medida plantea un equilibrio entre el compromiso humanitario de la UE y la realidad de un conflicto que se encamina hacia su quinto año. El texto explica que el objetivo es ofrecer seguridad jurídica a los 4,4 millones de personas que ya se benefician del sistema y, simultáneamente, «reconciliar las necesidades de protección con la capacidad general de Ucrania para defenderse de la guerra de agresión ilegal de Rusia».Play Video
Suplir cerca de 600.000 bajas
Bajo estas nuevas reglas, el estatus de protección temporal, previsto inicialmente hasta marzo de 2027 y que otorga derechos de residencia, trabajo y acceso a servicios sociales sin necesidad de solicitar asilo en los Estados miembros, no se concederá de forma automática a los hombres recién llegados que tengan obligaciones militares pendientes en su país. Esta medida responde a la presión de Kiev, que prohíbe, bajo la ley marcial, la salida de hombres de entre 23 y 60 años, salvo excepciones específicas.
Según el comisario de Asuntos Internos, Magnus Brunner, la propuesta refleja los «cambiantes requerimientos de defensa» de una nación que se estima ha sufrido cerca de 600.000 bajas militares entre muertos y heridos.
Para evitar que la medida deje desamparadas a las personas en condiciones vulnerables, la propuesta de la Comisión mantendrá las exenciones previstas por la ley ucraniana. Así, los hombres con discapacidades, padres de familias numerosas o cuidadores de familiares enfermos podrán seguir solicitando el permiso de residencia. Además, los hombres que ya se benefician de la protección temporal de la UE conservarán sus derechos.
«Rechazo masivo»
La decisión generó una respuesta inmediata de los organismos de defensa de derechos humanos. Aunque gobiernos como los de Suecia y Dinamarca mostraron un «fuerte apoyo» a la restricción, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, advirtió contra lo que denomina un «rechazo masivo». O’Flaherty instó a la UE a no dejar a miles de personas en un «limbo legal» que pueda derivar en pobreza o retornos forzosos inseguros. «La situación actual sobre el terreno en Ucrania no reúne las condiciones para un retorno seguro y digno», afirmó.
En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló la necesidad de considerar «caso por caso el expediente de cada hombre» para asegurar que «aquellos que legítimamente pueden estar exentos de la conscripción tengan la oportunidad de presentar su caso, como un objetor de conciencia».
La Comisión busca ahora sentar las bases de lo que denomina una «transición coordinada» ante el próximo fin de la protección temporal. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, subrayó que cuando llegue el momento, se asegurarán «vías justas, a través de la integración para quienes se queden y apoyo para quienes quieran regresar a Ucrania».
Para facilitar este proceso, se lanzará un programa piloto de retorno voluntario y recuperación, diseñado para ofrecer asistencia práctica en empleo, vivienda y educación a quienes decidan volver a su país una vez que las condiciones de seguridad lo permitan. «Debemos prepararnos para el futuro apoyando la defensa y la recuperación de Ucrania, garantizando al mismo tiempo una transición responsable», señaló Brunner. La propuesta debe ser ahora ratificada por una mayoría cualificada de los Estados miembros en el Consejo (al menos 15 países que representen el 65% de la población de la UE).
Fuente: La Razón
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