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Por Doctor Ramón Ceballo
La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del denominado «Gran y Hermoso Proyecto de Ley», impulsado por el presidente Donald Trump y respaldado por sectores conservadores, enciende alarmas en toda América Latina.
Particularmente en República Dominicana, donde más de dos millones de ciudadanos viven en territorio estadounidense y cerca de 270 mil lo hacen en situación migratoria irregular, esta medida amenaza con desestabilizar miles de hogares que dependen de las remesas para subsistir.
Lo cierto es que el proyecto de ley contempla la aplicación de un impuesto del 3.5% a todas las transferencias internacionales enviadas por inmigrantes sin documentación legal en EE. UU.. Esta medida —además de su discutible constitucionalidad en cuanto a discriminación por estatus migratorio— tendría un efecto devastador sobre comunidades enteras en República Dominicana.
No se trata solo de cifras: se trata de madres que pagan la escuela de sus hijos, de ancianos que subsisten gracias a la ayuda de un nieto, de jóvenes universitarios cuyo sustento proviene del esfuerzo de un pariente en el extranjero.
La verdad es que la economía dominicana depende críticamente de las remesas. Según el Banco Central, en 2024 el país recibió más de 10,756 mil millones de dólares en remesas, siendo EE. UU. la fuente de más del 80% de ese monto. Estas transferencias no son solo apoyo familiar: representan una de las principales fuentes de divisas del país, por encima de las exportaciones agrícolas y del mismo turismo en algunos años.
Un gravamen del 3.5% podría traducirse en una reducción de cientos de millones de dólares al año, al disuadir o dificultar el envío de fondos.
Pero más allá del impacto macroeconómico, lo más grave es el efecto humano. La población indocumentada dominicana en EE. UU. suele pertenecer a sectores sociales vulnerables, muchos de ellos trabajando en condiciones precarias y con ingresos modestos.
Este impuesto no recaerá sobre grandes capitales, sino sobre trabajadores que envían 100, 200 o 300 dólares al mes a sus familias. A ellos se les estaría castigando doblemente: primero, por su estatus migratorio; segundo, por el acto solidario de ayudar a los suyos.
Desde el punto de vista político y moral, el proyecto revela una lógica excluyente y punitiva. El hecho de vincular el estatus migratorio con la capacidad de enviar dinero a otro país sienta un peligroso precedente: se criminaliza la pobreza, la migración forzada y la solidaridad familiar.
Y como ha señalado Human Rights Watch en informes similares, medidas como esta suelen tener un efecto marginal en la disuasión migratoria, pero un impacto profundo en la vulnerabilidad social.
Para República Dominicana, este escenario demanda una respuesta institucional firme. Es imperativo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada en Washington y el Instituto de Dominicanos y dominicanas en el Exterior (INDEX) trabajen en coordinación para canalizar el rechazo diplomático a la medida.
Asimismo, es necesario que se articulen alianzas con otros países latinoamericanos afectados, para presentar un frente común ante el Senado estadounidense, donde aún debe ser aprobada.
A nivel interno, el gobierno dominicano debería comenzar a diseñar mecanismos de apoyo para las familias más vulnerables, así como explorar vías legales para facilitar la bancarización y envío de remesas sin intermediarios costosos, reduciendo así los efectos de un posible gravamen.
En definitiva, este impuesto representa no solo una amenaza económica, sino también una afrenta a los valores de justicia y solidaridad. Lo que está en juego no es únicamente un porcentaje sobre una transferencia: es el derecho de miles de dominicanos a soñar, a ayudar, a sostener a sus familias. Imponer un tributo a la esperanza es, sencillamente, inaceptable.
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