El caso de Fuad Awale, un recluso condenado por doble asesinato y por tomar como rehén a un funcionario de prisiones, ha reabierto el debate en el Reino Unido sobre los límites del aislamiento carcelario y el uso del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por parte de presos considerados de alto riesgo.
Awale recibirá un total de 240.000 libras, algo más de 275.000 euros, entre compensación y costes legales, después de que un tribunal concluyera que su prolongada segregación vulneró sus derechos fundamentales.
Awale fue trasladado a una unidad de separación de alta seguridad tras emboscar junto a otro interno a un trabajador de la prisión y amenazarlo de muerte.
Las autoridades justificaron su aislamiento por el riesgo que suponía para el personal y por sus antecedentes de radicalización, pero el recluso alegó que el régimen al que fue sometido le provocó una depresión severa y que no se revisó adecuadamente su situación, como exige la normativa.
El Tribunal Superior dio la razón al preso al considerar que la falta de evaluaciones periódicas y la ausencia de alternativas viables constituyeron una interferencia significativa en su vida privada. Según la resolución, la administración penitenciaria no justificó de forma suficiente la duración del aislamiento ni ofreció mecanismos efectivos para que Awale pudiera impugnarlo.
El secretario de Justicia, David Lammy, confirmó el pago y señaló que el Gobierno está estudiando cambios legales para evitar que presos extremistas utilicen el CEDH en circunstancias similares.
Desde la oposición, el secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, calificó la decisión judicial como “inaceptable” y pidió medidas urgentes para limitar este tipo de reclamaciones.
Awale cumple una condena mínima de 38 años por el asesinato de Mohammed Abdi Farah y Amin Ahmed Ismail, a quienes disparó en 2011 durante una disputa relacionada con drogas.
Posteriormente recibió otra pena por retener a un funcionario de prisiones y amenazar con matarlo. Informes internos lo describen como un preso con “creencias extremistas”, motivo por el cual fue recluido en centros de supervisión estricta, donde apenas tenía contacto con otros internos.
Sus abogados argumentaron que las decisiones sobre su aislamiento fueron “opacas” y que el entorno en el que estaba recluido, con presencia de presos hostiles por motivos raciales o religiosos, reducía aún más sus posibilidades de interacción, el tribunal aceptó estos argumentos y concluyó que el proceso de revisión de su situación no cumplió los estándares legales.
El Ministerio de Justicia ha indicado que está evaluando recomendaciones del supervisor independiente de terrorismo, Jonathan Hall, que incluyen la posibilidad de apelar el fallo y revisar el marco legal que regula la separación de presos considerados peligrosos.
Fuente LA RAZÓN
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