Al igual que con los datos remitidos desde Irlanda, Hurtado ordena a la UCO que analice toda la documentación y declara secretas las pesquisas
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha recibido más información en relación a su petición a WhatsApp de que intentase recuperar los mensajes borrados por el fiscal general en su móvil. Como ha sucedido ya con las autoridades irlandesas -a quien el instructor pidió que recabaran esos mismos datos de Google (por los correos electrónicos en su dirección de Gmail.com) y de la aplicación de mensajería instantánea-, Estados Unidos ha cumplimentado también la comisión rogatoria cursada después de que el pasado 10 de marzo Irlanda comunicase al Supremo que Meta Platforms Ireland Limited, la propietaria de WhatsApp, está gestionada desde Estados Unidos.
En este caso, Hurtado también ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice toda la documentación recibida y ha abierto una nueva pieza separada para mantener en secreto esas pesquisas que considera claves para esclarecer la filtración de datos reservados (el correo de su abogado del 2 de febrero del pasado año en el que admitía el fraude fiscal y ofrecía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía) del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Como en el caso de la información enviada por Irlanda, que calificó de «exitosa», el juez acota el objeto de la investigación sobre los datos del dispositivo de García Ortiz a los mensajes intercambiados entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Los agentes deberán informarle cada cinco días máximo de los avances en la investigación pericial.
Pidió las copias de seguridad
Hurtado pidió a la compañía los mensajes recibidos o enviados por García Ortiz, indicando sus «detalles básicos» (emisor, receptor, día, hora, etc.) y las «copias de seguridad de los chats» y de los archivos multimedia disponibles. Asimismo, reclamó el registro de las comunicaciones realizadas, «incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación».
En cuanto a Google, el instructor reclamó «cuantos datos obren en su poder» respecto de la cuenta de García Ortiz, incluyendo «datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta», copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la misma, de aplicaciones de terceros y de los chats y archivos multimedia disponibles y asociados al usuario, así como el registro de las comunicaciones realizadas.
Ante las quejas del fiscal general, el juez Hurtado tuvo que recordarle que fue necesario librar esas comisiones rogatorias a Irlanda y EEUU por su «falta de colaboración» en la investigación, por lo que la medida no era indiscriminada ni desproporcionada.
«Ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona», dejó claro el instructor después de que la UCO constatase que García Ortiz no solo había borrado sus mensajes de móvil (esgrimiendo un protocolo de seguridad de protección de datos), sino que también había cambiado de móvil solo una semana después de que el Supremo abriera una causa penal contra él, eliminando también las copias de seguridad de esos mensajes.
Fuente: La Razón
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