Al grupo se le decomisó bienes valorados en más de RD$10 millones, explicaron la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana
SANTO DOMINGO, RD.- Tras admitir la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal condenó a diez años de prisión a cinco miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en La Romana.
La sentencia condena a Kendy José Ramírez (CDI), Paola Moni Ochoa (Estella), Matilde Aquino (Marilyn), quienes, además, deberán pagar multas correspondientes a 50 salarios mínimos del sector público. Asimismo, condena a Starlin Manuel Basker Vásquez y a Ángel Gabriel Rodríguez Martínez (Mello) y le impone a cada uno el pago de multas de RD$50,000.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana ordenó, además, el decomiso de todos los bienes ocupados durante la investigación, incluyendo vehículos de alta gama y dos inmuebles valorados en más de RD$10 millones.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana recordaron que, como resultado de la labor investigativa de ese caso, el 1 de junio de 2023 fueron ejecutados múltiples allanamientos simultáneos en puntos estratégicos de La Romana, logrando el arresto de varios miembros de la organización criminal.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon grandes cantidades de cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, además de armas de fuego, vehículos utilizados para la distribución de drogas, dinero en efectivo, registros contables de ventas, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos destinados a la preparación y empaque de sustancias narcóticas para su comercialización.
Posteriormente, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo profundizó la investigación financiera, logrando demostrar cómo la organización convertía las ganancias del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles, vehículos de lujo, depósitos bancarios y otras inversiones, utilizando principalmente a Paola Moni Ochoa y a Matilde Aquino como figuras de testaferrato.
El análisis patrimonial, financiero y documental permitió establecer una clara desproporción entre los ingresos lícitos reportados por los acusados y el alto valor de los bienes adquiridos, consolidando así pruebas contundentes de lavado de activos y permitiendo el decomiso de propiedades millonarias vinculadas a la red criminal.
Las investigaciones determinaron que esta organización, encabezada por Kendy José Ramírez Aquino, operaba una amplia red de venta y distribución de narcóticos en La Romana, utilizando testaferros, bienes muebles e inmuebles, así como el sistema financiero nacional para ocultar y legitimar recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
Los fiscales investigadores Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Johanny López Vargas, de la Fiscalía de La Romana, desarrollaron una amplia investigación financiera, documental, electrónica y de campo que permitió recolectar pruebas contundentes para demostrar la participación individual de cada acusado en la estructura criminal, así como el origen ilícito de sus bienes.
La litigación estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota, quienes sustentaron exitosamente el proceso judicial que culminó con la condena impuesta por la jueza Denia Beras.
El proceso judicial contra el también acusado Elvin Jacin Pérez (Yonquely) continúa pendiente, con audiencia fijada para el 23 de julio de 2026.
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