Por Hamilton Márquez (Abogado y Político)
(Este artículo de opinión y su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor)
Las señales suelen anteceder a un hecho negativo, en la salud, en la naturaleza; el proyecto de Ley 01-24 ha provocado entre los conscientes un sentido de peligro que con lo que ha costado seguridad jurídica, no es para menos e inclusive me parece más absurdo intentar descalificar la defensa de la contraparte, reputándola de politiquera sin presentar argumentos que a la luz de la democracia justifiquen el cuestionado proyecto.
Es obvia la contradicción de este proyecto frente a las libertades personales consagradas en la constitución y los derechos fundamentales, entregando a un cuerpo militar súbdito al poder ejecutivo (presidencia) la facultad de injerencia en la vida privada de personas jurídicas o físicas de su interés, hablando llano, si las fuerzas armadas responden a las directrices del ejecutivo, el ejecutivo se está auto-suministrando la facultad de dominar la libertad de cada dominicano para permitirla o censurarla según su considerando.
Es indignante la ligereza de los congresistas que respaldaron este proyecto, me convence de que tenemos legisladores desconectado del pueblo dominicano, cuales desamparan su sentimiento patriótico, su sensibilidad soberana y democrática, y su mayor miedo que es retroceder al pasado del benefactor; Particularmente lo que más fibras me toca es el hecho de pensar que tres diputados de mi provincia San Juan, apoyaron este proyecto.
Conquistas como el derecho al silencio y la dignidad personal vendrían a ser letra muerta al momento que este brazo de la armada tenga tal protagonismo. Recordar que recientemente se eliminó el DICAM por premisas negativas, estamos en un momento que no hemos podido reformar la policía, entidad que no sale de un escándalo de abuso de poder, participación en redes delictivas y ejecuciones injustificadas como las ocurridas con los agentes de la DNCD; pretender darle la pertenencia de la libertad de las personas a un cuerpo militar es un despropósito absurdo.
El prospecto imponente me deja una serie de preguntas: ¿Vamos a darle poder para operar a una armada sin filtro legal ni dictadura de consecuencias? ¿Qué instrumentos tiene la sociedad para cuidarse de que el DNI no sea usado incorrectamente? ¿Cómo reclutaremos las siguientes generaciones de esa fuerza castrense? ¿Estaríamos dando un ancho espacio al chantaje, la extorsión y el tráfico de información? ¿No convierte esta pieza de Ley a los enlistados en posibles pequeños dioses? ¿Para qué necesita el gobierno tanto poder? ¿Qué problema básico de nación resuelve el gobierno con esta acción?.
Como sociedad debemos oponernos a acciones como esta que son la señal de una tiranía incubándose, con nombre de honestidad, pero de naturaleza unilateral.
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