La juez séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, otorgó la suspensión definitiva contra el megaproyecto turístico Punta Colorada, impulsado por el gobierno estatal para construir un condominio habitacional sobre 111 hectáreas de la reserva ecológica de Puerto Escondido.
La suspensión es resultado de un amparo colectivo interpuesto por 298 ambientalistas y vecinos del lugar que se oponen a la intención gubernamental de crear desarrolladores inmobiliarios en Punta Colorada, la última playa virgen que sobrevive en Puerto Escondido, por representar una amenaza al ecosistema y violar su derecho a un medio ambiente sano.
Los pobladores aseguraron que nunca fueron consultados sobre el megaproyecto, a pesar de que el gobierno de Salomón Jara señaló en septiembre de 2023 que tomaría en cuenta al pueblo para su implementación.
Desde la interposición del amparo, los defensores de la playa destacaron que el megaproyecto “destruiría la importante interacción coralina y costera que tiene esta zona para infinidad de especies marinas, entre ellas las tortugas marinas, siendo de mayor importancia la tortuga Laúd –la más grande del mundo– y que se encuentra en estado crítico de extinción”, como explicó Almendra Gómez Leyva.
La suspensión otorgada vincula directamente al gobierno estatal, a las autoridades de San Pedro Mixtepec y al consejero jurídico de Gobierno de Oaxaca, a quienes prohíbe otorgar cualquier permiso o licencia de construcción en Punta Colorada.
El amparo fue interpuesto en 2023 por la coalición “Salvemos Puerto Escondido”, conformada por los colectivos Costa Unida, SOS Puerto y Salvemos Colorada; y cuya consigna es: “Punta Colorada no se vende. No a megaproyectos que exploten las reservas naturales de Puerto Escondido sin permiso de los pueblos”.
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