En febrero, cerraron 163 empresas constructoras y cayeron 23976 empleos en Argentina
Tras el congelamiento de la obra pública, se acelera la caída de los indicadores del sector.
La construcción funcionó en febrero con 163 empresas menos, según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), que advirtió “una marcada aceleración del ritmo de caída en el número de empleadores”.
El golpe se sintió con fuerza en la mano de obra contratada registrada, que llegó a los 372 311 puestos, 23 976 menos que en enero.
La caída en el número de empresas activas fue del 2.3% en febrero, porcentaje muy superior al de enero cuando las 21 313 empresas que operaban expresaron una disminución del 0.7% respecto de diciembre de 2023.
El dato de febrero es tan significativo que supera incluso el dato de febrero de 2021, cuando los números de la actividad estaban afectados por la pandemia de Covid-19.
En las grandes jurisdicciones del país la caída del número de empresas llegó al 3.6%. El número de empresas operativas cayó en 13 jurisdicciones del país.
El informe del Leric reportó también caída del consumo de cemento del 23.5% respecto a febrero de 2023. El derrumbe es el más pronunciado desde abril de 2016.
Los permisos para construir otorgados fueron 3998, un 9.6% menos que en febrero del año pasado.
Inversiones difíciles para las constructoras
Los números de la construcción son prácticamente un resultado directo de la política oficial para el sector. Entre las primeras medidas del gobierno de La Libertad Avanza se registró el congelamiento de la obra pública y la intención de pasar a un modelo con preponderancia de la inversión privada.
Pero la participación de las empresas por ahora no mueve la aguja. Al comienzo de la gestión de Javier Milei los referentes del sector afirmaron que las obras que estaban a mitad de camino no eran de interés del capital privado.
Esta semana el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, midió que entre despidos y suspensiones hay unas 100 000 personas afectadas por el congelamiento de la obra pública.
A la vez, consideró que “había que ordenar la macroeconomía” y que “claramente hay que bajar la inflación, sincerar tarifas y converger a un dólar único y sacar el cepo”.
Fuerte golpe a la Economía Popular: el Gobierno de Argentina anunció la suspensión de 11 mil cooperativas
El Gobierno anunció que suspenderá la operatoria de todas las entidades creadas entre 2020 y 2022, y que le quitará la autorización a 12 000, que ya habían sido suspendidas en 2019. Desde el cooperativismo desmintieron al Ejecutivo, aseguraron que existen controles “exhaustivos” por parte del Estado y defendieron la creación de las unidades productivas como generadoras de empleo formal.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni. En su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero informó que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se encargará de “controlar y depurar” el padrón nacional de cooperativas. De acuerdo al Gobierno, la cantidad de entidades creció en forma desproporcionada los últimos años y sus registros presentan “innumerables irregularidades”. “Se trata de otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, alegó.
Sobre esa premisa, el funcionario anunció dos cosas: que se inspeccionarán 4355 cooperativas que fueron creadas en 2023 y que prohibirán operar a 11 853 que fueron suspendidas en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que siguieron recibiendo financiamiento en la gestión de Alberto Fernández.
Entre los argumentos que esgrime el Gobierno para avanzar con la podadora, remarca que el padrón aumentó un 138 por ciento en los últimos cuatro años –pasó de 9978 a 23 836–, que el 70 por ciento de las cooperativas no presentó balances ni asambleas, que el 22 por ciento repite asociados, que el 20 por ciento utilizó la misma casilla de correo electrónico y que el 9 por ciento usó el mismo domicilio. “Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad”, se quejó el vocero.
La desmentida
Tras el anuncio llegó rápidamente la respuesta de los cooperativistas. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas, Federico Tonarelli, advirtió que “quieren instalar la idea de que descubrieron un gran nicho de corrupción para, a partir de eso, avanzar con la destrucción del sector”. En ese sentido, explicó que es habitual que existan entidades que no hayan realizado el censo anual o que se hayan atrasado en la documentación ordinaria, pero que eso no implica que no se fiscalice o que amerite suspender a las cooperativas.
“Adorni tira una serie de números y de cosas que son graciosas. Yo estoy asociado a dos cooperativas porque trabajo en las dos cooperativas. Así que eso es común. También es normal que sean registradas con la misma dirección. No todas tienen sede. Entonces se unifican y usan un mismo domicilio. En el Hotel Bauen, por ejemplo, había muchas cooperativas registradas. Una era la de Tiempo Argentino”, aclaró Tonarelli.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo encargado de la promoción, registro y fiscalización del sector. Su extitular Alexandre Roig cuestionó las suspensiones y defendió su gestión. “Como bien recuerda la resolución del INAES, se hizo todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible”, respondió Roig, citando el comunicado que emitió el Gobierno.
El doctor en Sociología Económica explicó que entre 2021 y 2023 se implementó un mecanismo de control que brindó “datos sistematizados” que se cruzaron con el Ministerio de Trabajo, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Roig resaltó que los controles por parte del Estado “son necesarios para evitar abusos” y que entre 2021 y 2023 “se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas”. Respecto a las acusaciones del Gobierno, indicó que buscan ”distorsionar la realidad” y subrayó que “nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún tipo de entidad societaria sin seguir el debido proceso legal”.
Además, fustigó a Adorni por pretender “asustar, denigrar y despreciar” a los trabajadores y productores de la Economía Solidaria. “Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y, por ende, de la libertad de emprender colectivamente”, concluyó.
Protesta en falta de pagos
Mientras el Gobierno anunciaba las suspensiones, unos 600 trabajadores de cooperativas que prestan servicios en Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) protestaron frente a las oficinas de Jefatura de Gabinete, en la avenida Belgrano. Se trata de empleados, que integran más de 40 entidades de distintos municipios del país y no cobran sus salarios desde el inicio de la administración libertaria.
Frente a la falta de respuestas, los manifestantes cortaron la calle y fueron reprimidos por la policía. Con palos y escudos, los efectivos golpearon a los trabajadores y les tiraron gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
Fuente Tiempo Argentino/Pagina 12
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