Ya son nueve países latinoamericanos los que se han posicionado en contra de la orden de detención de un tribunal de Venezuela contra el líder de la oposición. Entre ellos están Brasil y Colombia. Por otro lado, Human Rights Watch ha denunciado una represión «sorprendentemente brutal»
La orden de detención contra el candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia ha provocado una respuesta internacional de rechazo generalizado. Nicolás Maduro ha reforzado un aislamiento en el que ha perdido apoyo de Colombia, Brasil, la Unión Europea así como distintas organizaciones internacionales.
Son nueve países latinoamericanos los que se han posicionado en contra: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos ellos rechazaron la orden de detención de un tribunal de Venezuela contra el líder de la oposición.
Reprochan a Maduro la quiebra de derechos fundamentales en Venezuela especialmente el acoso y persecución a la oposición. Tanto Brasil como Colombia expresaron su «profunda preocupación» y denunciaron que la «medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que Gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia».
En un comunicado conjunto, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideraron que esa decisión «dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas».
Argentina, por su parte, denunció que «el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de Estado«.
Tanto el Gobierno de Ecuador como el de Paraguay rachazaron la orden de detención de González Urrutia. El Gobierno de Paraguay reclamó «garantías sobre su integridad física y el cese de las persecuciones políticas».
Ecuador subrayó que «la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso”.
Más voces de apoyo
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió al Gobierno de Venezuela «que respeten su libertad, integridad y derechos humanos”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo seguir «muy de cerca” la situación en Venezuela, “incluida la orden de detención contra el líder opositor Edmundo González».
«Apresar a más de ocho millones de venezolanos»
El equipo de campaña de González Urrutia tildó la medida de «ilegal, inconstitucional e inmoral». Aseguran que la detención lo que busca es «apresar a más de ocho millones de venezolanos que votaron por él, sin contar a los más de cuatro millones de venezolanos en el exterior a quienes se les impidió ejercer su derecho al sufragio».
La Fiscalía venezolana acusa a González Urrutia de «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación (de delincuentes).
La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática publicó lo que definió como «el 83,5 % de las actas electorales» De los datos difundidos aseguran que González Urrutia ganó las elecciones.
El Gobierno de Chile reiteró en una publicación en la red X de su presidente Gabriel Boric el no reconocimiento de los resultados electorales difundidos por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Human Rights Watch denuncia una represión «sorprendentemente brutal»
Las autoridades venezolanas están cometiendo «violaciones generalizadas de los derechos humanos contra manifestantes, opositores y críticos», pero también «evidentes» tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
«La represión que estamos presenciando en Venezuela es sorprendentemente brutal», dijo en el informe Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas. «Human Rights Watch descubrió que las autoridades venezolanas y los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos cometieron abusos generalizados, incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a críticos», asegura el documento.
Tras el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro, las manifestaciones espontáneas dejaron 27 muertos y 192 heridos, mientras que unas 2.400 personas fueron detenidas, según fuentes oficiales.
«Las pruebas creíbles recopiladas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía en algunos asesinatos. En otros casos, los grupos armados progubernamentales, parecen ser los responsables. Durante años, los llamados «colectivos» intimidan y acosan a quienes los critican y denuncian ante el Gobierno, especialmente en los barrios desfavorecidos«, subraya la ONG.
Fuente: Euronews
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