SANTO DOMINGO, RD.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra otro hombre vinculado a la estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos y que fue desmantelada con la Operación XL526.
El caso fue declarado complejo y se impuso la prisión preventiva al procesado Argenis Natanael Peña Cabrera, quien enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, actividad que le permitió generar recursos que luego colocaba en el sistema financiero.
Además, según la acusación, adquirió bienes suntuosos, viviendas, vehículos y prendas de alto valor en el mercado, los cuales no puede justificar.
La investigación confirmó que el procesado adquirió y utilizó dinero proveniente de sus actividades ilícitas de crímenes y delitos de alta tecnología. Posteriormente, para ocultar el origen ilícito del dinero inició un proceso de colocación mediante transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo para estratificarlos y convertirlos en bienes y derechos adquiridos. De esa manera, el imputado buscaba poseer, transferir, ocultar y encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación y propiedad de los bienes o derechos adquiridos con dichas actividades ilegales.
Peña Cabrera empezó a registrar movimientos no acordes con su perfil económico en el que se resalta la recepción de dólares americanos por medio de remesas y divisas cuyo origen no se corresponde con ningún tipo de actividad económica lícita o relevante en el ámbito financiero o laboral.
Por el caso también son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, los artículos 14, 15 y 16 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El expediente está sustentado con más de 700 elementos probatorios.
La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso la medida de coerción.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago sometieron a los imputados a la justicia y solicitaron que el proceso fuera declarado complejo por la pluralidad de imputados y de víctimas, además por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, también, al lavado de activos, por lo que se necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano.
La Operación XL526, ejecutada el pasado 2 de junio contra la estructura criminal, la encabezó un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas también fueron arrestadas con fines de investigación.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas.
Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
La organización del crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
Los integrantes de la red se apoyaban en su dominio del idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas.
El modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
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