Santo Domingo.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, acompañado de una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entregó este martes a una comisión de diputados perteneciente al Frente Parlamentario contra el Hambre encabezada por la legisladora Soraya Suárez, el anteproyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar para ser sometido al Congreso Nacional.
Al hacer entrega de la propuesta legislativa, Castro destacó que entre las apuestas de este anteproyecto está que la cocción de los alimentos dirigidos a la población estudiantil del sector público se realice en cocinas dentro de las escuelas de manera progresiva.
“Sabemos que es un clamor que los alimentos se cocinen en los centros educativos, por lo que entendemos que en un proyecto de esta naturaleza no se debe dejar de lado este aspecto. Que los suplidores puedan desde el mismo plantel preparar las raciones alimenticias de acuerdo con los menús establecidos por el equipo de especialistas del INABIE”, explicó Castro.
En el caso de que las condiciones del centro educativo no permitan la instalación de una cocina, la pieza establece que sean elaborados en establecimientos que no estén a una distancia superior a mil metros de este, todo esto con la finalidad de prevenir cualquier riesgo de contaminación y enfermedades transmitidas por alimentos.
También el anteproyecto de ley promueve la integración de la agricultura familiar al Programa de Alimentación Escolar y la integración de productores locales.
Con esto se establecería una política de Estado para regular el tema y así poder tener mayor garantía de lo servido.
Al hablar sobre la iniciativa legislativa, la diputada Soraya Suárez destacó que esta pieza posiblemente sea una de las más importantes en ser introducidas en este periodo porque beneficiará a los estudiantes, que son quienes dirigirán el país.
En la comisión que hizo la entrega estuvieron Mariella Ortega y Guadalupe Valdez en presentación de la FAO, así como la consultora Dorina López, quienes participaron en la elaboración de la propuesta.
Por el INABIE estuvo la Dra. Ana Carolina Báez, directora de Formulación y Evaluación Nutricional y el director de Planificación, Gerard de los Santos.
Otras novedades
El anteproyecto que será sometido por la diputada Suárez también busca que el Estado priorice las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable gratis y permanente en los planteles escolares.
Igualmente, prohíbe la venta de comida chatarra o ultraprocesada en centros públicos y privados y en sus alrededores para promover hábitos alimenticios saludables desde las aulas.
La Ley de Alimentación es fruto del extenso trabajo participativo de representantes del INABIE, la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS), entre otras entidades, así como las consultas a más de una veintena de actores claves en territorio nacional, del área de agricultura, salud, educación, nutrición, compras y contrataciones, al igual que líderes de organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de leyes dominicanas y extranjeras en materia de alimentación escolar.
El anteproyecto entregado a la Cámara de Diputados consta de 105 artículos y seis capítulos con los que se busca dotar a la República Dominicana de una ley que garantice los derechos de los estudiantes del sistema público y privado en materia de alimentación y nutrición.
El ámbito de aplicación de la normativa solo excluye a los colegios privados en lo referente a las disposiciones y requerimientos sobre el Programa de Alimentación Escolar, el cual se entrega únicamente en centros públicos habilitados por el Ministerio de Educación.
Educación Alimentaria y Nutricional Escolar
La pieza contempla que en los centros educativos se establezca un currículo de educación alimentaria y nutricional enfocado en competencias, de manera regular y progresiva, que integre aspectos de higiene y consideraciones ambientales, mediante la acción conjunta de los profesionales de educación, la comunidad escolar y de los responsables técnicos.
El currículo de educación alimentaria y nutricional debe tener como objetivo que los estudiantes y otros actores de la comunidad escolar como los directores, maestros, estudiantes, familias y suplidores adquieran competencias básicas y acordes al contexto, que les permitan navegar el ambiente alimentario y mejorar su alimentación.
Propone la creación de huertos escolares en los centros educativos, con fines pedagógicos.
Prohibición de cafeterías y alimentos ultraprocesados
De ser aprobada esta normativa, quedarán prohibidas por ley las cafeterías en las escuelas, así como la venta de alimentos en el entorno de 500 metros de los centros educativos.
Mientras que los colegios privados que dispongan de cafeterías, casetas o vendedores particulares, deberán supervisar los productos que son consumidos por los estudiantes para garantizar la prohibición de venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas dentro de dichos colegios.
Asimismo, estaría prohibida la promoción de alimentos y bebidas que no sean saludables para la niñez y adolescencia, en el entorno escolar.
Presupuesto garantizado
En cuanto a la aplicación y ejecución de este proyecto, el Presupuesto Nacional de la Nación deberá asignar recursos suficientes para garantizar la adquisición de alimentos de calidad en la implementación del Programa de Alimentación Escolar, a través de los fondos destinados al Ministerio de Educación.
“El presupuesto destinado a la alimentación escolar siempre será progresivo y aumentará conforme a la cobertura, nunca podrá reducirse, ni disponerse de estos recursos para otros fines que no sean los establecidos en la presente ley”, reza el documento entregado a la Cámara de Diputados.
Coordinación interinstitucional
El Ministerio de Educación, a través del INABIE, es el organismo ejecutor de la gestión alimentaria. Las entidades corresponsables que tienen las funciones de regulación, control, monitoreo y apoyo al proceso de implementación de la Ley de Alimentación Escolar son: el Ministerio de Agricultura y el de Salud Pública, el Instituto Dominicano para la Calidad, (INDOCAL), los Ayuntamientos Municipales y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Este último organismo tiene la responsabilidad de elaborar un reglamento especial para las compras de productos y acompañar el diseño de los estándares, pliegos y directrices para la contratación de la alimentación escolar, definiendo los criterios y condiciones para garantizar la participación de la agricultura familiar y local en las cadenas de suplidores de la alimentación escolar.
Sanciones
El anteproyecto considera como infracción toda acción u omisión de los servidores públicos y demás personas responsables en el marco de la alimentación escolar, que contravengan o infrinjan su contenido.
La futura ley obliga a los directores de los centros educativos a constituir y conformar comisiones de supervisión de los alimentos y del buen uso de los recursos destinados para la alimentación escolar.
Los servidores públicos que dieran mal uso a los recursos destinados para la alimentación escolar serán destituidos y sometidos a la Justicia.
Precisa también que a los suplidores se les puede revocar su adjudicación, si resultaren adjudicatarios en un proceso de compras públicas tras haberse beneficiado de información confidencial obtenida de manera fraudulenta, también si incumplen con la obligación de entrega de los alimentos, en cuanto a calidad, inocuidad, y/o cantidad de los alimentos.
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