El expresidente Alejandro Toledo Manrique podría convertirse este año en el primer alto funcionario sentenciado por las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú.
Su juicio, a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los jueces Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma, avanza a buen ritmo desde su inicio, el 16 de octubre.
Toledo está acusado de los delitos de colusión y lavado de activos, por solicitar y recibir un soborno de hasta 35 millones de dólares para adjudicar los contratos de la interoceánica Sur, tramo 2 y 3 a la empresa brasileña Odebrecht. La Fiscalía ha pedido una pena de 35 años.
Además del expresidente Toledo, son juzgados su exjefe de seguridad, Avraham Dan On, los exmiembros del Comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font; el exrepresentante de la empresa ICCGSA José Castillo Dibós y el exgerente general de la empresa JJC Contratistas Generales, Fernando Camet Piccone.
Humala y Nadine
De los otros procesos del caso Lava Jato, el juicio al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia se complicó en octubre, cuando el juzgado colegiado tuvo que prescindir de las declaraciones de los directivos de Odebrecht: Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas Alves, Raymundo Trindade y Jorge Barata.
Previamente, un juez brasileño puso en duda la licitud de las pruebas presentadas por Odebrecht cuando la Fiscalía recogió la declaración de dichos personajes en Brasil. Entonces, los testimonios se sustentaron en copias de los sistemas Drousys y My Web Day B presentados por la misma empresa constructora.
El juicio continúa y la Fiscalía buscará ingresar los testimonios durante el examen de la prueba documental, antes de ingresar a los alegatos finales y emitir una sentencia que recién podría estarse dictando más allá del mes de julio.
Sin las testimoniales de los brasileños, el desenlace del proceso es incierto, tan es así que la Fiscalía ya ha señalado que lo que se decida en este caso no tendrá impacto en los otros procesos del caso Lava Jato.
Caso Cócteles
Para abril o mayo del 2024 podría estar comenzado el juicio a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular por el denominado caso Cócteles, de los aportes de campaña electoral que habrían tenido un origen ilícito.
El 2 de diciembre último, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitió la resolución de enjuiciamiento de Keiko Fujimori y otras 38 personas naturales y jurídicas, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
Esta primera semana de enero debería definirse el juzgado colegiado que se encargará del juicio público, un proceso que será largo, engorroso y complicado con un desenlace que recién se estaría dando más allá de las elecciones generales del 2026.
PPK
En tanto, los procesos al expresidente Pedro Pablo Kuzcynski y a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán están pendientes de control de la acusación previo al juicio público, que debería iniciarse recién el 2025.
Mientras, continuará el juicio al exgobernador regional del Cusco Jorge Acurio Tito y al exviceministro de comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo, por los pagos realizados por Odebrecht para contratos públicos.
Cuellos Blancos
Los procesos a la red de corrupción judicial Los Cuellos Blancos del Puerto deben definirse antes de que culmine el verano del 2024. La Fiscalía debería presentar la acusación contra el prófugo César Hinostroza, otros exmagistrados supremos, exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, diversos abogados y exjueces implicados, en las investigaciones que realiza la Fiscalía Suprema Anticorrupción y las fiscales especializadas de crimen organizado.
La definición de estos casos sufrió retrasos durante el 2022 y 2023 por los cambios en la constitución del equipo especial que realizó la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Nuevamente, tras la salida de Benavides y el retorno de la fiscal Magaly Quiroz, podrían producirse nuevos cambios.
En agosto último, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley denegó un pedido de la Fiscalía Suprema para una prórroga del plazo de investigación. En su resolución, el juez señaló la necesidad de no afectar el plazo razonable de la investigación en un caso que comenzó en julio de 2018, es decir, hace más de cinco años.
El tiempo juega a favor de los procesados en casos complejos, como el Cuellos Blancos del Puerto.
César Hinostroza permanece escondido en un país de Europa, desde donde ha logrado neutralizar la alerta internacional de Interpol para su búsqueda, ubicación y captura con fines de extradición.
Corrupción en el poder
Pedro Castillo podría ser otro expresidente que reciba sentencia este año, en su caso por la rebelión que encabezó el 7 de diciembre de 2022.
En diciembre, la Fiscalía dio por terminada la etapa de investigación y en las próximas semanas podría estar presentando la acusación, en un caso que también incluye a los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez y el exasesor Aníbal Torres.
En tanto, los casos de corrupción en su gobierno parecen haber pasado a segundo plano. Las investigaciones contra el presidente Castillo por corrupción están a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que ahora dirige la fiscal Delia Espinoza.
Antes de salir, su antecesor Uriel Terán había solicitado al juzgado de investigación preparatoria que se acumule las investigaciones que realizaba el Equipo Especial que dirige la fiscal Marita Barreto, en los casos Petro-Perú, Puente Tarata, Anguía y Asesores en la Sombra.
El pedido está pendiente de definición. Pero la fiscal Espinoza ha reforzado su equipo con fiscales con amplia experiencia en delitos de corrupción.
Mientras tanto, el equipo especial que encabeza Barreto ha puesto toda su atención en desarticular y desentrañar la supuesta organización criminal que lideraría la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Por la amplitud del encargo dado a este equipo especial, podría incluso estar investigándose posibles actos de corrupción en el actual régimen de Dina Boluarte y Alberto Otarola.
Protestas
El equipo especial para las muertes en las protestas ha quedado ahora en manos del fiscal superior coordinador de las fiscalías de crimen organizado, Jorge Chávez Tamariz.
Este equipo concentró todas las investigaciones a nivel nacional y es de esperar que este año avance con la identificación de los responsables de las más de 50 muertes por disparos de armas de fuego. Tanto de los responsables directos como de los que dieron las órdenes de disparar.
2023, un año pobre en sentencias
Este año concluyó el juicio y se dictó sentencia contra el excongresista Michel Urtecho y su esposa por apropiarse de las donaciones que recibió su despacho. El veredicto aún está pendiente de apelación.
También se dictó sentencia por los casos de Leonor La Rosa y Mariella Barreto. Por el asesinato de Barreto fueron condenados Vladimiro Montesinos, Santiago Martin Rivas, Edmundo Sánchez Noriega y José Salinas Zuzunaga. Sánchez, Salinas y Percy Salcedo recibieron condenas por el secuestro de la exagente de Inteligencia.
En el juzgado supremo de investigación preparatoria está pendiente que se defina si la jueza Enma Benavides continuará siendo investigada por supuestamente recibir pagos de narcotraficantes. La Fiscalía, durante la gestión de su hermana Patricia Benavides, había pedido que el caso se archive. La Procuraduría se opuso.
Fuente La República
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