Desde el sector transporte aquejan que desde que se implementó el estado de excepción no han visto resultados positivos en el caso de extorsión
Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Seguridad notificaron la extensión de estado de excepción hasta el 6 de octubre de 2023, pese a que las medidas y estrategias implementadas no están dando resultados positivos, con relación al alto índice de criminalidad y extorsión en el país.
Con esta nueva prórroga, hasta el 6 de octubre, el estado de excepción pasó a abarcar 35 municipios más; de 123 ahora se mantiene vigente en 158 municipios hondureños, situados en las principales ciudades del país, consideradas las más peligrosas.
Si el estado de excepción continúa dando los “buenos resultados” que ha obtenido hasta el momento, se continuará prorrogando hasta que Honduras recobre la plena tranquilidad, según el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez.
“Los índices de violencia han disminuido de manera significativa, gracias al estado de excepción que probablemente se seguirá extendiendo. Vamos a continuar realizando capturas y desarticulando estructuras criminales, lo que es un gran reto, pero el pueblo se lo merece”, dijo el funcionario.
Sin embargo, desde el sector transporte no comparten la postura que maneja Sánchez, ya que aquejan que desde que se implementó esta normativa, el delito de extorsión y los asesinatos generados por el crimen organizado, continúan afectando al rubro.
“Desde que inició el estado de excepción no ha habido ningún cambio. Lo vengo diciendo desde hace varios meses que las autoridades deben cambiar de medidas de seguridad, porque de lo contrario el tema de la extorsión dentro de poco se saldrá de las manos”, dijo el empresario del transporte Jorge Lanza.
De acuerdo con Jorge Lanza, desde enero hasta el 10 de agosto de 2023, el crimen organizado se ha encargado de asesinar a 47 integrantes de ese rubro, entre choferes y ayudantes, también les han quemado 7 unidades y, por el cobro de extorsión, unos 50 buses se encuentran paralizados.
“Las muertes y las unidades quemadas son a consecuencia de que los conductores no pueden pagar la cuota mensual de extorsión al crimen organizado y esos (asesinatos, quemar los buses) son la muestra del poder que tiene el crimen organizado”, contó Lanza.
Lanza contó que, de manera mensual, en todo el territorio nacional en donde el crimen organizado tiene sus tentáculos, pagan al menos 250 millones de lempiras, sólo en concepto de extorsión, cifra que va en constante aumento.
ÍNDICE DE HOMICIDIOS
En tanto, el índice de homicidios registrados hasta el 22 de agosto de 2023, en comparación al mismo periodo en 2022, si logró una reducción significativa que alcanza casi los 500 asesinatos.
Según la última actualización de Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el 22 de agosto de 2022 se reportaron 2 424 asesinatos, mientras que, en el mismo periodo de 2023, se han registrado 1 821 muertes violentas en distintos puntos del país, demostrando una reducción de 496 homicidios.
Aunque existe un evidente descenso en los asesinatos este 2023, expertos en materia de seguridad sostienen que la criminalidad continúa desangrando las calles del país, ya que cada semana o 15 días, se registran asesinatos múltiples que ponen en evidencia como el crimen organizado continúa gobernando el país.
“Sí, estamos viendo una leve reducción en los homicidios, pero vamos a seguir viendo ajustes de cuentas porque no hay investigación en los distintos homicidios que se ejecutan. Si existiera por lo menos el mínimo de efectividad, estuviéramos viendo los orquestadores de los homicidios procesados”, cuestionó el analista en temas de seguridad Kenneth Madrid.
“Con la reducción de homicidios no se le está dando respuesta al pueblo, porque lo que se quiere es tener tranquilidad, se necesita más que eso, un plan estratégico e integral que garantice la seguridad a los hondureños salir con plena tranquilidad”, agregó.
El estado de excepción en Honduras comenzó el 6 de diciembre de 2022 y estará vigente hasta el 6 de octubre de 2023, de acuerdo con la más reciente actualización. Pero, lo más probable es que esta medida se siga aplicando mucho más allá de ese tiempo, según las versiones de los policías.
El objetivo, según el gobierno, fue hacer una lucha frontal al crimen organizado y, para ello, también implementaron otras medidas de seguridad en las que le asignaron funciones a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a través de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).
En abril entró en vigor la segunda etapa del plan Solución Contra el Crimen (SCC) mediante el cual se autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) intervenir los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro y Gracias a Dios, una medida que no fue bien vista por defensores de derechos humanos por los antecedentes que salpican a la institución armada.
De igual manera, tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ocurrida el 20 de junio, en la que 46 privadas de libertad murieron quemadas y a disparos, la presidenta Xiomara Castro ordenó que los militares intervinieran las cárceles del país, para reducir la violencia.
Sin embargo, desde esa intervención, manejada por el coronel Ramiro Muñoz, que se ha visto salpicado por abuso de autoridad, se han registrado dos amotinamientos, en centros penales distintos, que han dejado hasta el momento tres privados de libertad muertos y tres heridos.
Fuente Criterio Hn
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