Una asociación pide para Ceuta un dispositivo especial temporal, la identificación individual, las devoluciones y retornos que legalmente procedan y activar el apoyo de la Unión Europea
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado un escrito oficial de requerimiento y reclamación extraordinaria y urgente ante la Delegación del Gobierno en Ceuta, con traslado al Ministerio del Interior, a la cartera competente en materia de Migraciones y a la Presidencia del Gobierno, ante la situación que vive la ciudad autónoma desde las entradas masivas iniciadas el pasado 30 de julio.
La entidad considera que, transcurridos más de veinte días desde el inicio de la crisis y con la presencia todavía en Ceuta, según distintas estimaciones, entre 10.000 y 15.000 personas, resulta imprescindible que el Estado adapte sus medios a la dimensión extraordinaria de la situación. En el requerimiento se solicita que sea la Administración la que certifique oficialmente las cifras, evitando que el debate público dependa de estimaciones periodísticas.
Situaciones de vulnerabilidad
La asociación subraya que no solicita «expulsiones colectivas ni indiscriminadas, sino que se aplique de manera efectiva la legislación vigente mediante el estudio individual: con identificación, determinación de nacionalidad, comprobación de posibles solicitudes de protección internacional, detección de situaciones de vulnerabilidad y tramitación del procedimiento administrativo que legalmente corresponda en cada caso».
En este sentido, alude a que «una situación extraordinaria exige medios extraordinarios, pero siempre dentro de la legalidad y respetando las garantías individuales. Lo que no puede aceptarse es que el número de personas afectadas termine provocando de hecho la paralización de la propia Ley de Extranjería».
Entre las principales medidas que se reclaman figura la creación de «un dispositivo extraordinario temporal para Ceuta, dotado de funcionarios especializados en extranjería, Policía Nacional, Guardia Civil, intérpretes, personal administrativo, profesionales especializados en menores, medios técnicos de identificación, instalaciones adecuadas y los recursos materiales y de transporte necesarios para ejecutar las resoluciones que procedan».
También solicita la «identificación completa de las personas que permanezcan en Ceuta, la incoación inmediata de los procedimientos de devolución, expulsión, salida obligatoria, retorno, repatriación o protección internacional que correspondan, así como la ejecución efectiva y sin dilaciones indebidas de las resoluciones que sean legalmente ejecutivas».
«Reclama al Gobierno español que utilice, en la medida necesaria, el apoyo de las instituciones y agencias europeas».
El requerimiento recuerda que Ceuta «constituye también una frontera exterior de la Unión Europea y reclama al Gobierno español que utilice, en la medida necesaria, el apoyo de las instituciones y agencias europeas».
La asociación pide expresamente «recurrir a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, así como a cualquier otro mecanismo comunitario disponible para la gestión de fronteras, identificación y retorno».
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, la entidad insiste en que «no puede producirse una devolución colectiva o automática», pero considera que «la especial protección de los menores tampoco puede interpretarse como una imposibilidad general de repatriación».
El escrito reclama que cada caso «sea analizado individualmente, comprobando identidad y edad, localizando a la familia, recabando la colaboración diplomática, oyendo al menor cuando proceda y valorando finalmente si su interés superior aconseja la repatriación, la reagrupación familiar o su permanencia en España».
El escrito pone el acento en los «incidentes, amenazas, robos, peleas y alteraciones graves de la actividad cotidiana en las últimas semanas». Por ello insta a que «se mantenga o establezca protección policial reforzada» donde haya «datos objetivos de especial riesgo».
Protección de derechos
Otro de los puntos incide en que el Estado «investigue la documentación, vídeos, mensajes e imágenes existentes relacionados con una posible facilitación, tolerancia o instrumentalización exterior de las entradas masivas».
La asociación está haciendo gestiones para que residentes, comerciantes y profesionales «directamente afectados puedan adherirse al procedimiento y aportar su propia documentación, incluidas denuncias, atestados, partes médicos, fotografías, vídeos o cualquier otro elemento probatorio».
Por último, ha formulado la reclamación a los efectos del artículo 115.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que, si a los veinte días no hay respuesta adecuada, los afectados puedan iniciar «un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales».
«Nuestro objetivo no es sustituir al Gobierno ni decidir desde un tribunal cómo debe organizar sus efectivos. Lo que exigimos es que el Estado ejerza plenamente sus competencias, proteja a los ciudadanos de Ceuta y aplique de manera efectiva la legislación española y europea», argumenta la entidad.
Por todos estos motivos, ha solicitado «una respuesta expresa, individualizada y motivada del Gobierno, así como información oficial sobre el número de personas identificadas, menores localizados, solicitudes de protección internacional, devoluciones realizadas, expedientes incoados, efectivos extraordinarios desplegados y medios europeos utilizados».
Fuente: La Razón
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