Por Rafael Pineda. El autor es poeta
(Este artículo de opinión y su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor)
Conversando con un amigo terrateniente acerca de lo que yo le decía que son las maldades haitianas contra sus vecinos dominicanos, me dijo que, sin los haitianos, la agricultura de República Dominicana se cae.
Es la opinión de él, poseedor de más de 5000 hectáreas de terreno agrícola, con decenas de haitianos que viven en sus plantaciones, desplazan a los obreros dominicanos y se adaptan a un régimen de esclavitud tolerado por las autoridades y estimulado por influyentes periodistas (todos empleados encubiertos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID), que piden que entren más, sin importar que sean niños, indigentes o mujeres embarazadas.
Haitianos, dependientes de un sistema laboral que los hunde en la peor miseria, deambulan por las calles, barrios y callejones de República Dominicana donde han llegado sin certificado de nacimiento; cosa ilegítima, violatoria de la legislación vigente.
Los dominicanos sabemos de eso porque cuando intentamos viajar a cualquier otro país, nos exigen presentar pruebas hasta de la cantidad de gemidos y de la intensidad de los dolores de parto sufridos por nuestras madres cuando nos parieron.
Incluso, a extranjeros de otros países, para ingresar bajo cualquier condición migratoria a República Dominicana, igualmente se les exige presentar certificados de no antecedentes penales, acta de nacimiento apostillada, cartas de trabajo, cuentas bancarias y comprobantes de alojamiento. Quien no lo hace, no es elegible.
A los haitianos no, no se les puede exigir documentos, porque salen los blancos y nos acusan de ser una república racista.
Eso facilita el ingreso de caníbales, delincuentes, fugitivos, prostitutas, indigentes; sin que a la autoridad le interese conocer cómo se alimentarán ni dónde van a dormir.
Ante esa situación de incumplimiento de la ley, en nuestras ciudades aumentan la pobreza, la inseguridad, criminalidad y delincuencia común. ¿O no?
Veamos las estadísticas y los atroces crímenes cometidos por los ciudadanos de ese país. Revisemos el caso de Cielo García, aquella hermosa doncella con sus brazos mutilados, convertida en el símbolo de todos los padecimientos. Y a la que hoy nadie recuerda.
Los gobiernos que hemos tenido las últimas décadas, actuando como cancilleres o voceros del Haití depredador y mal vecino, han puesto el destino de la nación en manos de la comunidad internacional y en un sector comercial que piensa y actúa en función de sus ganancias.
¿Por qué lo hacen?: porque desde hace unos años Haití es el segundo socio comercial de los dominicanos, cosa que da tranquilidad porque deja satisfechos a los vendedores de arroz y huevos; a contrabandistas de seres humanos y a otros beneficiarios del desorden, los que al mismo tiempo suelen ser líderes comunales y regionales que inyectan recursos y votos a las campañas electorales.
Ante ello, además, el gobierno se ve liberado del supremo esfuerzo de buscar nuevos mercados para fortalecer la economía y se concentra en pronunciar discursos pidiéndole a la comunidad internacional que haga lo que sabe que nunca hará.
Ponen énfasis en resaltar que Haití es ‘’nuestro segundo socio comercial’’, con una balanza favorable que representa mil millones de pesos; cosa que envalentona a los haitianófilos ‘’dominicanos’’.
¿Mil millones de pesos es el precio de nuestra soberanía? Hemos ido perdiendo terreno, pero nuestra patria no está en venta. Cerrar la frontera para siempre es un imperativo, sea cual fuere la solución del caso río Masacre.
No ceder un palmo de nuestra soberanía. Al honorable presidente don Luis Abinader, y a los que asumen que, a cambio de mil millones de pesos, el país debe someterse a la suplantación pacífica de su población, por parte de los bárbaros del oeste, yo les paso, por si puede ser de utilidad, esta frase pronunciada por el libertador José Artigas: “No venderé el rico patrimonio de mi patria, al vil precio de la necesidad”.
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