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Por Becker Márquez Bautista
Amigo lector, en la memoria colectiva de los dominicanos persiste el recuerdo de algunas represiones antidemocráticas del pasado. La lucha por la democracia en nuestro país costó sudor y sangre; jamás se deben permitir las leyes mordaza.
«Las leyes mordaza son utilizadas por los gobiernos para reprimir al pueblo, socavar el régimen democrático y eliminar un derecho constitucional inalienable: la libre expresión.»
Observar a senadores y diputados de la oposición política votar como borregos por un código que lacera la democracia, respaldar un adefesio jurídico y salir de allí como si nada hubiera pasado, es un acto de profunda irresponsabilidad política, social y democrática.
Si recordamos el ejercicio de oposición de los perremeístas durante las gestiones del PLD, un grupito disfrazado de sociedad civil, junto a ciertos sectores vividores del erario público y chantajistas, les vociferaban «ladrones» y «corruptos» a los funcionarios del gobierno de turno. Afirmaban con vehemencia que Punta Catalina era la prueba del delito y llegaron a colapsar la Plaza de la Bandera con marchas y protestas que desafiaron la seguridad nacional en una zona catalogada como prioritaria.
¡Qué gran sorpresa! Aquellos que ayer utilizaban la libertad de expresión como argumento e incluso para difamar e insultar a los funcionarios del pasado, hoy pretenden coartar al pueblo y arrebatarle esa misma libertad de expresión porque les toca gobernar. Es ahí donde se aplica perfectamente la máxima popular de que «una cosa es con guitarra y otra es con violín».
Hoy, el panorama ha cambiado de forma alarmante. Mientras el análisis comparado nos muestra que el Artículo 310 del Código Penal español se usa para combatir el delito contable, proteger el erario público y sancionar con severidad a quienes evaden impuestos, paradójicamente en la República Dominicana el uso del «Código 310» evoca una naturaleza completamente opuesta.
El artículo 310 de nuestro nuevo Código Penal (bajo la Ley No. 74-25) tipifica y sanciona el delito de ultraje contra funcionarios públicos, penalizando con hasta un año de prisión a quienes atenten de forma no pública contra el honor de las autoridades estatales. Juristas y comunicadores independientes han encendido las alarmas ante lo que funciona como una evidente «ley mordaza», diseñada para limitar la fiscalización ciudadana, amedrentar el libre ejercicio periodístico y criminalizar incluso el humor político o la sátira.
Esta blindada protección resulta contradictoria al analizar el marco constitucional vigente. Los artículos 138, 139 y 146 de nuestra Carta Magna, junto a la Ley de Función Pública No. 41-08, establecen que los servidores del Estado deben actuar bajo principios de transparencia, objetividad y buena fe. La Constitución les impone mandatos ineludibles: rendir cuentas periódicamente (Art. 140), abstenerse de usar recursos públicos para fines proselitistas, cumplir con la dedicación exclusiva (Art. 144) y tipifica como un crimen la sustracción de fondos públicos (Art. 146).
Por ende, el funcionario está obligado a tolerar el escrutinio de la sociedad, no a perseguirlo. El Artículo 49 consagra la libertad de expresión y el libre acceso a la información sin censura previa como pilares de nuestro sistema. Sin fiscalización pública, la democracia se convierte en una simple simulación institucional.
Hago un llamado urgente a la población dominicana, a los movimientos sociales y a las reservas morales de la nación a ponernos de pie en defensa militante de nuestra libertad de expresión. Debemos repudiar con determinación a aquellos políticos y funcionarios de corte antidemocrático que pretenden revivir las herramientas de la tiranía para silenciar la disidencia. No podemos permitir que el miedo se convierta en ley; el poder emana del pueblo y es al pueblo a quien le corresponde anunciar y denunciar sin mordazas.
Si permitimos que las leyes castiguen el disenso mientras las ventanas de la corrupción institucional siguen abiertas, pavimentaremos el camino hacia el autoritarismo. Un verdadero Estado de derecho no se construye silenciando a los ciudadanos para proteger la comodidad de los gobernantes, sino garantizando que la palabra sea libre, la verdad sea pública y la justicia sea igual para todos.
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