El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), filial San Luis, condenó enérgicamente el hecho en el que resultó gravemente herido de bala el menor de 17 años Rawe Martínez Sierra, presuntamente a manos de un miembro de la Policía Nacional durante una protesta ocurrida alrededor de las 10:00 de la noche en el sector Brisas del Este.
El presidente de la entidad, Diógenes Ozuna, pidió al nuevo director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Este, con asiento en Invivienda, ordenar una investigación exhaustiva sobre el caso. Explicó que, según testimonios de familiares y comunitarios, al momento del incidente no se registraba ningún enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiales.
Ozuna indicó que Martínez Sierra había participado en un culto cristiano y que, tras concluir la actividad, se encontraba frente a su residencia junto a familiares cuando varias personas quemaban neumáticos en la zona. Aseguró que una unidad policial llegó al lugar y que uno de los agentes realizó varios disparos contra los manifestantes, impactando al joven en la cabeza cuando este se encontraba de espaldas.
El dirigente de derechos humanos lamentó que el adolescente permanezca ingresado en estado crítico, entubado y con diagnóstico de muerte cerebral, por lo que reclamó que el caso no quede impune y que se establezcan responsabilidades. Sostuvo que la Policía Nacional dispone de mecanismos para controlar protestas, como el uso de gases lacrimógenos y otros métodos disuasivos, sin necesidad de emplear armas de fuego.
De su lado, el pastor César Martínez, abuelo del menor, así como otros familiares, desmintieron la versión policial de que el joven participaba en la protesta. Afirmaron que acababan de concluir un servicio religioso y permanecían frente a la vivienda debido a la humareda provocada por la quema de neumáticos cuando ocurrió el hecho.
Finalmente, Ozuna expresó su confianza en que las nuevas autoridades policiales actuarán con transparencia y garantizarán una investigación objetiva. Informó además que el departamento jurídico del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, encabezado por el doctor Montero, asumirá la representación legal del caso para procurar que se haga justicia.
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