Santo Domingo, RD. – La Coordinadora Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (CONAORCI) y la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana (FUBIMUD) solicitaron al presidente Luis Abinader intervenir ante la exclusión de numerosas organizaciones sociales de las asignaciones contempladas en el Presupuesto General del Estado de 2026, así como de los recursos correspondientes al denominado pago excepcional.
La presidenta de FUBIMUD, Yaneris Ledesma Suárez, pidió al mandatario instruir al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, para que revise la situación y, conforme a las disposiciones legales y presupuestarias vigentes, se determinen las asignaciones que correspondan a las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos.
Ledesma Suárez destacó que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una función fundamental en comunidades de todo el país, mediante programas de asistencia social, capacitación, fortalecimiento familiar, prevención de la violencia y protección de mujeres y niñas.
“No estamos solicitando privilegios.
Estamos reclamando que se valore el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y que exista un mecanismo transparente y equitativo que nos permita continuar ejecutando nuestros programas en favor de las familias dominicanas”, expresó.
Asimismo, FUBIMUD manifestó su preocupación por los hechos de violencia que afectan a mujeres y niñas y condenó toda forma de agresión sexual, violación y asesinato, independientemente de la nacionalidad de las personas señaladas como responsables.
La organización reclamó a las autoridades una investigación exhaustiva, transparente y conforme a la ley de los casos de violencia contra mujeres, a fin de establecer responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.
En relación con un caso recientemente difundido públicamente, en el que una joven habría sido víctima de una agresión sexual colectiva y posteriormente asesinada, FUBIMUD pidió a las autoridades actuar con rigor y aplicar la legislación dominicana a toda persona que resulte responsable, respetando el debido proceso.
“La vida y la integridad de nuestras mujeres y niñas deben ser protegidas. No podemos permitir que vivan bajo el temor de ser víctimas de violencia, violación o asesinato. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar seguridad y justicia”, afirmó Ledesma Suárez.
CONAORCI y FUBIMUD reiteraron su llamado al presidente Abinader para que disponga la revisión de los casos de las organizaciones que quedaron fuera de las asignaciones presupuestarias y se adopten las medidas correspondientes, dentro del marco legal, para garantizar la continuidad de los programas sociales que desarrollan en beneficio de las comunidades.
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