Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) debe pronunciarse en torno a dos de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la ley minera.
Las protestas en rechazo a la Ley 406, que le otorga a Minera Panamá un permiso para explotar cobre por 20 años continúan en el país centroamericano en espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre una demanda de inconstitucionalidad de dicha norma.
Esta ley permite que la empresa sucursal de la canadiense First Quantum Minerals pueda explotar la mina a cielo abierto de cobre más grande de Centroamérica, con un contrato que le da la posibilidad de mantenerse operando hasta que termine la vida útil de la mina.
Esta semana es vital para que la Ley 406 sea revocada, ya que la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) debe pronunciarse en torno a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra esta ley, este 22 y 23 de noviembre deben terminar el plazo de alegatos para dos de las diez demandas.
Durante este último mes los manifestantes han expresado su voluntad a través de diferentes acciones, entre ellas el cierre de calles y avenidas, esto ha provocado que, al menos, 151 menores hayan sido arrestados.
La Policía Nacional de Panamá declaró que durante el último mes de protestas un total de 1157 personas han sido arrestadas con el propósito de mantener el orden público y detener la ola de «vandalismos».
De acuerdo con el órgano policial 63 locales comerciales han sido perjudicados y 19 instituciones, la mayoría oficinas gubernamentales. También han sido vandalizadas 28 cámaras de videovigilancia, estaciones del Metro y cajeros automáticos; además de 5 estaciones policiales.
El principal motivo de estas protestas es que la mina está ubicada en un santuario biológico y es la conexión del Corredor Biológico Mesoamericano, un camino que facilita el tránsito desde Panamá hasta México de animales como el puma, los ocelotes y diferentes clases de aves, muchos de ellos protegidos o en peligro de extinción.
Además de que la aprobación tan ágil por parte del presidente de Panamá, Nito Cortizo, levantó muchas sospechas, ya que en tan solo tres días ratificó con su firma el acuerdo de la empresa minera.
Fuente Telesur
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