Un nuevo desalojo se perpetró esta semana de la mano de agentes de la Policía Nacional, agentes fiscales y guardias privados, esta vez, en la comunidad Pindo Poty, en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. También fueron amenazados miembros de la comunidad Cerrito, en el distrito de Minga Porá, departamento de Alto Paraná. Los casos se suman a la creciente escalada de violencia que sufren los Pueblos Originarios del país, donde hace menos de un mes fue asesinado a golpes Arnaldo Benítez Vargas, uno de los líderes espirituales Pai Tavytera del Tekoha Guasu Yvy Pyte en Amambay.
La denuncia fue realizada a través de un video donde detalla que policías, fiscales y guardias armados atropellaron a la comunidad, responsabilizando a una mujer de nombre Alba Concepción Insfrán de impulsar el desalojo.
En el video, cuestionan la forma de actuar del gobierno de Santiago Peña, de la mano de su ministro Enrique Riera, en contra de las comunidades indígenas. Las imágenes muestran las pertenencias quemadas y destruidas de las familias que vivían en casas precarias en esa zona.
Por otro lado, el miércoles también denunciaron amenazas a la comunidad Cerrito, en el distrito de Minga Porá, departamento de Alto Paraná, por parte de un ciudadano brasilero, según la denuncia publicada.
La misma señalaba que se estaban movilizando grandes maquinarias agrícolas de brasileros hacia donde viven las familias de la comunidad. según detalló el dirigente Alberto Brítez, recibió amenazas de los propietarios de las máquinas que entrarían en su territorio, lo cual generó mucha preocupación porque tienen grandes cultivos de autoconsumo.
Los miembros de la comunidad exigen la presencia de autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para impedir el atropello a sus tierras. El grupo vienen siendo acosado en los últimos meses y ya sufrió varios desalojos en los últimos años.
Ola de violencia contra indígenas
Estos casos se suman al reciente desalojo violento de la comunidad Kaavusu, en Itakyry, Alto Paraná, así como el asesinato del líder espiritual Pai Tavytera Arnaldo Benítez Vargas, ambos casos ocurridos a fines del mes pasado.
Diversas organizaciones y líderes del Tekoha Guasu Yvy Pyte emitieron comunicados exigiendo justicia al Estado paraguayo por el homicidio contra Benítez Vargas, que se dio a una semana de haber denunciado disparos contra las familias indígenas y a un año del asesinato de otro líder espiritual, Alcides Morilla, guardián del sitio sagrado Jasuka Venda.
En cuanto al desalojo en Itakyry, el hecho implicó el rompimiento de palabra que el gobierno de Santiago Peña y su ministro Enrique Riera habían dado a las organizaciones indígenas el pasado 12 de octubre, de no impulsar desalojos. Las organizaciones exigen la libertad de dos jóvenes detenidos e imputados en el marco del desalojo reciente.
En aquella fecha, el gobierno se comprometió a instalar una mesa de trabajo y de cumplir el Plan Nacional de los Pueblos Indígenas, tras la tercera marcha nacional impulsada por la Anivid, que este año se movilizó con el lema “Para vivir con dignidad: tierra, autonomía y participación”.
Fuente Resumen Latinoamericano
Acerca del autor
