Las peleas físicas no son infrecuentes en el Parlamento turco; ésta estalló después de que el partido gobernante fuera calificado de organización terrorista.
El viernes estalló una reyerta entre diputados turcos durante un acalorado debate sobre un delegado de la oposición actualmente encarcelado por lo que se consideran cargos de motivación política.
Imágenes televisadas mostraron a Ahmet Şık, representante del mismo partido que el diputado encarcelado, siendo abordado y agredido por un legislador del partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdoğan mientras hablaba en la tribuna de la cámara. Şık acababa de calificar a los miembros del partido gobernante de «organización terrorista».
En una refriega posterior en la que participaron decenas de diputados, una legisladora fue golpeada, dejando gotas de sangre en los escalones que conducen al atril del orador. Otro miembro de la oposición también resultó herido.
Político votado y elegido que estaba en la cárcel
«Es una situación vergonzosa», declaró Özgür Özel, jefe del mayor partido de la oposición. «En lugar de palabras que vuelan en el aire, vuelan puños, hay sangre en el suelo. Están golpeando a las mujeres».
La sesión extraordinaria de la Gran Asamblea Nacional turca se convocó para debatir el caso de Can Atalay, que fue elegido desde la cárcel diputado por el Partido de los Trabajadores de Turquía, o TIP, en las elecciones del año pasado.
Había sido condenado el año anterior a 18 años de prisión por su papel en las protestas antigubernamentales de 2013, que desafiaron el gobierno de Erdoğan, entonces primer ministro de Turquía.
Desde que fue elegido, Atalay ha estado luchando por ocupar su escaño en el Parlamento, lo que conlleva inmunidad judicial y le permitiría salir de la prisión de Mármara. Atalay ha declarado que volverá a la cárcel cuando termine su mandato.
Aunque el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias favorables a su causa, los tribunales inferiores las han ignorado, desatando una crisis judicial y encendiendo un sentimiento de injusticia entre sus partidarios. El 1 de agosto, en su tercera sentencia favorable a Atalay, el Tribunal Constitucional declaró «nula y sin valor» la decisión de privarle de su condición de diputado.
Los partidos de la oposición exigieron entonces una sesión extraordinaria para debatir el caso. La condena de Atalay y otros siete acusados en el caso del Parque Gezi suscitó críticas generalizadas de grupos de derechos humanos y abogados.
El principal acusado, el filántropo Osman Kavala, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido en dos ocasiones su puesta en libertad, alegando que su detención fue arbitraria y se basó en motivos políticos.
Las protestas del Parque Gezi comenzaron en el verano de 2013 con una acampada ecologista para frenar la urbanización de un céntrico parque de Estambul. El descontento pronto se extendió a otras ciudades mientras la gente protestaba contra el gobierno cada vez más autoritario de Erdogan.
«Debe restablecerse la libertad y seguridad personales de Atalay, así como su derecho a ser elegido, que el Tribunal Constitucional dictaminó que había sido violado», afirmó el viernes la oficina de Amnistía Internacional en Turquía en un mensaje en las redes sociales.
Fuente Euronews
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